Alebrijes en Cuadratines / Secretarios de adorno
Adrián Chavarría Espinosa
La Real Academia de la Lengua Española tiene siete definiciones para la palabra secretario-secretaria y destacan cinco: 1.- Persona que se encarga de las labores administrativas de un organismo, institución o corporación y desempeña las funciones de extender actas, dar fe de los acuerdos y custodiar los documentos de esa entidad, 2.- Persona que por oficio público da fe de escritos y actos; 3.- Persona encargada de atender la correspondencia y los asuntos administrativos de otra persona o de un despacho; 4.- Máximo dirigente de algunas instituciones y partidos políticos; y 5.- En algunos países, ministro del Gobierno.
En materia política en México podemos detenernos en dos de ellas: la 3, “persona encargada de atender la correspondencia y los asuntos administrativos de otra persona o de un despacho”, y la 5, “en algunos países, ministro del Gobierno”.
Dentro de nuestro sistema político existen tres poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial, donde el primero lo encabeza el presidente de la república, con la facultad para nombrar a sus secretarios como integrantes de su gabinete, como titulares de cada área administrativa.
Los nombrados como secretarios integran el llamado gabinete legal y deberían ser los especialistas en cada ramo, es decir los expertos y conocedores, quienes deberían preparar acciones y estrategias, acordes a los programas y políticas definidas por el Jefe del Ejecutivo.
Cuando el presidente de la república considera que un secretario de estado no responde a sus necesidades entonces tiene la libertad de removerlo y nombrar a su remplazo. También, quienes forman parte del gabinete son considerados, en mayor o menor grado, como presuntos aspirantes a ser candidatos a la presidencia de la república por su correspondiente partido.
Todo lo anterior había sucedido normalmente en el sistema político mexicano, pero con el actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, las cosas cambiaron. Por ejemplo, desde que era candidato anticipó quienes integrarían su gabinete, aunque realizó algunos ajustes.
Como prevención de que no fuera a ganar, López Obrador designó a varios de sus futuros colaboradores como candidatos de Morena a senadores y diputados. Finalmente, tras ganar en las elecciones varios solicitaron licencia para asumir sus nuevas responsabilidades.
Pero al momento de asumir el poder López Obrador definió su estilo personal de gobernar y aunque no lo ha aceptado, decidió no solo acaparar los reflectores públicos, también optó por mantener en sus manos todos los hilos de la administración pública, donde siempre sería él quien diga la última palabra en todos los asuntos que le interesa.
Por ello debe recordarse, por ejemplo, que ya en el poder cambió su forma de pensar hacia las fuerzas armadas y tras haberse expresado antes negativamente, ahora las utiliza para un sinfín de actividades, más allá de sus responsabilidades normales.
Mediante las conferencias de prensa mañanera define qué funcionario tendrá oportunidad de presentarse ante los medios de comunicación, si a ello se agrega que los actuales secretarios de estado, en comparación con sus antecesores, mantienen un bajo perfil informativo y únicamente aparecen en casos especiales o de urgencia, de otra forma nunca.
Pero López Obrador no solo ha limitado la aparición pública de sus secretarios, con excepciones como sucede con Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores, sino que también públicamente los ha contradicho en varias declaraciones y acciones, por lo cual han quedado en mala situación no solo ante la opinión pública sino ante la población en general.
Por ejemplo cuando a Hugo López-Gatell Ramírez, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, se le preguntó sobre si sería recomendable que López Obrador se hiciera una prueba de coronavirus, respondió que carecería de lógica científica, ya que el mandatario “no es una fuerza de contagio, sino una fuerza moral”, lo cual resultó sorpresivo.
También el mandatario ha dicho que no usa cubrebocas porque así se lo han “recomendado” tanto López-Gatell como Jorge Carlos Alcocer, secretario de Salud –quien, por cierto, parece estar de adorno en el gabinete, ya que no efectúa ninguna actividad reconocida‑, pero cuando alguien expresa una opinión contraria a la suya de inmediato la descalifica.
Sucedió con Arturo Herrera, secretario de Hacienda, quien en una reunión virtual con empresarios, dijo que usar cubrebocas ayudaría a acelerar la recuperación económica, lo que fue puesto en duda por López Obrador, por lo cual el responsable de las finanzas nacionales reconoció su “equivocación” y se desdijo al afirmar que sus palabras fueron malinterpretadas.
Otros que ya no han estado de acuerdo con políticas y acciones presidenciales, han preferido renunciar como sucedió con Carlos Urzúa, primer secretario de Hacienda, y ahora con Javier Jiménez Espriú, quien dimitió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. En ambos casos por evidentes conflictos de interés y de opiniones.
A quienes han renunciado no solo a las secretarías de estado, también en otras áreas administrativas, se les podrá criticar su buen o mal desempeño laboral, pero también debería reconocérseles su actitud responsable de no ser funcionarios sin voz ni voto en sus áreas.
Por ello, ante las definiciones de la Real Academia de la Lengua Española, si los secretarios de estado deberían ser considerados como “ministro del Gobierno”, en realidad han pasado a ser persona encargada de atender la correspondencia y los asuntos administrativos de otra persona o de un despacho”, es decir nada más responsables de trámites de oficina.