Gato de Barrio /
A cinco días del feminicidio de la estudiante Claudia Tacoronte, registrado en la Casa de Cultura de Cuautla, Morelos, el presunto responsable fue detenido, según informó Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, quien aseguró que desde tener conocimiento de los hechos las secretarías de la Defensa, de Marina, de Seguridad estatal, las Fiscalías General de la República y de Morelos, así como la Guardia Nacional, realizaron trabajos coordinados de investigación para identificar, localizar y detener al responsable.
Sin discusión es positiva la captura del presunto responsable –a quien, por el principio de presunción de inocencia, no se le puede llamar culpable, asesino o feminicida, hasta ser juzgado y encontrado culpable–, pese a haber admitido cometer ese crimen, por lo cual la Fiscalía de Morelos ha solicitado se le imponga una condena de hasta setenta años de prisión.
Pero deben establecerse una serie de circunstancias alrededor de este “éxito” policiaco. En primer lugar, no hubo una investigación de inteligencia para localizar a Francisco Javier “N”, alias “El Trompas” –por la misma presunción de inocencia se ordena no difundir sus apellidos ni dar a conocer su rostro–, sino fueron sus vecinos quienes reportaron su presencia en una tienda, donde compraba una cerveza y, para no ser identificado se había rapado totalmente. Entonces, los elementos policiacos acudieron al sitio para finalmente ser capturado.
Debe admitirse que el feminicidio de Tacoronte, estudiante de origen español de 21 años, quien llegó a la Universidad Autónoma del Estado de Morelos en un intercambio escolar que se prolongaría por espacio de cuatro y medio meses, escaló a nivel internacional donde el gobierno hispano presionó para detener y enjuiciar al responsable, lo cual se logró rápidamente.
Por lo anterior se establece que las autoridades del estado de Morelos no actuaron de forma ágil y expedita para resolver este caso, sino que fueron los mismos vecinos quienes lo ubicaron y denunciaron, porque tanto la Secretaría de Seguridad como la Fiscalía morelenses han resultado ineficaces para resolver tanto el caso de la española como los asesinatos de otras mujeres vinculadas con la comunidad estudiantil de la UAEM.
Y es que desde 2025, con el caso de Claudia, se han registrado cinco feminicidios de alumnas universitarias. El año pasado sucedió el de Aylin Rodríguez Fernández, estudiante de Psicología; en este 2026 sucedieron los de Kimberly Joselín Ramos Beltrán, inscrita en la Facultad de Contaduría, Administración e Informática; de Karol Toledo Gómez, alumna de Enfermería de la Escuela de Estudios Superiores de Mazatepec; y de Michelle Itzayana Fuentes Calderón, de quince años y estudiante de bachillerato.
Deben agregarse todos los feminicidios registrados recientemente en Morelos: 32 casos en 2022, 45 en 2023, 50 en 2024, 121 en 2025 y de enero a julio del presente año sumaron otras 21 víctimas. Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública esta entidad ocupa en este 2026 el segundo lugar nacional en tasa de este delito con 1.97 eventos por cada cien mil habitantes. Sinaloa lidera la clasificación con 54 víctimas y una tasa de 3.33 casos y detrás se sitúan Tamaulipas, Sonora, Chiapas, Chihuahua y Guerrero.
De esta forma las entidades lo que debería suceder, en especial donde se han emitido alertas de género, deben resolverse todos los feminicidios, no solo donde haya presiones diplomáticas o políticas, sino para responder a todas y cada una de las familias de las víctimas, quienes exigen justicia pronta y expedita.
Además, se deben establecer políticas y programas para prevenir estos asesinatos sin necesidad de que las autoridades exclamen que solicitarán tantas décadas de prisión, cuando lo que debería ser es que no sucedieran. Solamente así se podrá expresar que existen tanto la debida seguridad para las mujeres como la correcta aplicación de la justicia.
