Gato de Barrio /
Tras el conflicto estudiantil del año pasado en la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), finalmente la semana pasada el Congreso mexiquense aprobó su nueva ley donde, entre otros puntos, se destacan la obligatoriedad de avanzar gradualmente hacia la gratuidad; promover el voto directo y universal a través de un criterio ponderado, y fortalecer la integración del Consejo Universitario, además de establecer su actualización cada 10 años.
Con esta nueva legislación dio un paso histórico al actualizar, después de 34 años, el marco normativo y legal de la Máxima Casa de Estudios mexiquense, integrada con una nueva ley la cual comprende siete títulos, 28 capítulos y 146 artículos, incorporándose también la creación de un Órgano Electoral Universitario y un Sistema de Ética y Justicia Universitaria con mecanismos de mediación, conciliación y justicia restaurativa. Todo este marco legal deberá ser revisado y actualizado cada diez años con un proceso de consulta previa, libre e informada.
En el renglón de la gratuidad se avaló que resulte acorde al crecimiento del presupuesto anual, así como de la eliminación progresiva de cobros por inscripción y reinscripción, conforme a la Ley General de Educación Superior, debiéndose elaborar un plan de acción que permita avanzar, sin comprometer el cumplimiento de sus objetivos ni poner en riesgo sus finanzas.
Acerca del Órgano Electoral Universitario su responsabilidad será la de organizar, conducir, vigilar y validar los procesos para elegir tanto al titular de la rectoría como a quienes serán directores de los espacios académicos y de los integrantes del Consejo Universitario.
En el caso del rector o rectora, deberá ser elegido para un periodo ordinario por mayoría de votos a través del sufragio personal, directo, libre y secreto de la comunidad universitaria, con la participación de los miembros de los sectores estudiantil, académico y administrativo. Incluso, se estableció que los aspirantes deberán estar exentos de sanciones por responsabilidad universitaria, disciplinaria o administrativa y no estar inhabilitados para el servicio público, además de presentar una propuesta de plan de trabajo universitario.
Respecto a cómo se deberá integrar el Consejo Universitario, como máxima autoridad de la institución, deberá existir el principio de paridad entre representantes del alumnado y del personal académico, por lo que debería integrarse por 223 personas consejeras, también elegidas mediante sufragio personal, directo, libre y secreto.
En el renglón del Sistema de Ética y Justicia Universitaria, su responsabilidad será prevenir, conocer, resolver y sancionar las faltas de responsabilidad universitaria y disciplinarias, mediante mecanismos que incorporen ética, mediación, conciliación y justicia restaurativa. Se incluye un régimen disciplinario y de responsabilidades aplicable al alumnado, personal académico y administrativo, así como a quienes formen parte de los órganos de gobierno y del Órgano Electoral Universitario.
No se omite el bienestar universitario como la promoción de la salud física y mental, la seguridad y protección frente a riesgos y las violencias, la actividad física y el deporte, una alimentación saludable, accesibilidad de los espacios universitarios y el apoyo a personas en situación de vulnerabilidad, sin omitir la convivencia respetuosa, inclusiva y libre de violencias.
Si bien el proceso contó con más de siete mil aportaciones y una consulta con dos mil 700 propuestas, además los consejos de gobierno de los espacios académicos emitieron 52 opiniones favorables y tres con observaciones, el punto negativo es que en la aprobación de la nueva ley universitaria solo se contó con el voto de los legisladores de Morena y los partidos Verde y del Trabajo, ya que los representantes del PAN y del PRI se abstuvieron.
Lo más adecuado hubiera sido haber buscado un consenso más amplio, donde ambos partidos hubieran avalado la nueva legislación a fin de que contara no solo con sus votos, sino también con sus observaciones y aportaciones. Eso hubiera otorgado una mayor validez a ese marco legal.
