Gato de Barrio /
El fin de semana y a través de una carta abierta difundida en medios impresos, la Asociación de Verificentros del Estado de México formuló un reconocimiento al Fiscal General de Justicia de la entidad, José Luis Cervantes Martínez, por lo que calificó como su decido apoyo para iniciar la investigación contra “los actos de extorsión, abuso de autoridad y corrupción” padecida desde hace años, con la confianza de que esas prácticas nocivas han quedado erradicadas.
Sucede que la semana pasada la FGJEM dio a conocer la detención de dos funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente estatal –Raúl Piña Horta, director general de Control de Emisiones Atmosféricas y Carlos Eduardo Solares Vega, director de Control de Emisiones a la Atmósfera–, cuya principal función principal sería vigilar el cumplimiento de las medidas para la prevención y control de la contaminación atmosférica y del cambio climático.
Sin embargo, por las denuncias presentadas por dueños de verificentros y actos de investigación –donde se estableció una red en conjunto con otros servidores y exservidores públicos y particulares–, para obligarlos a pagar cuotas ilegales para seguir operando, incluso abusaron de sus atribuciones al simular actos para despojar a los legítimos propietarios de sus concesiones y amenazarlos que, en caso de denunciar, serían afectados o les causarían daño.
Ahora, este lunes ambos detenidos fueron vinculados a proceso por su probable participación en esos casos de extorsión, donde la FGJEM reveló nuevos detalles de esos ilicitos, como cobros mensuales de hasta 200 mil pesos por verificentro, pagos “retroactivos”, bloqueos de los sistemas de operación y exigir 500 mil pesos por cada línea de verificación.
Sin duda es positivo seguir adelante con este caso, pero no estaría por demás investigar los verificentros, incluso en los que no denunciaron las extorsiones ya que de alguna forma deberían obtener recursos para cumplir con esos pagos ilegales. ya que quienes finalmente “cooperaban” para esos “gastos” serían quienes llevaban a verificar sus vehículos.
Y es que, por ejemplo, en el Verificentro To-801, ubicado en la Avenida Solidaridad Las Torres 1,107, colonia El Seminario en Toluca, los encargados del servicio esperan que los automovilistas les dejen en el auto una propina de al menos cien pesos para aprobar el trámite.
Y es que quien no deja “propina”, le ponen trabas para cumplir con la verificación. Así me lo platicó un amigo, con un automóvil modelo 2016 y quien ha cuidado al máximo el motor de su unidad. Incluso, aun no llega a los cien mil kilómetros de uso. Me detalló que a principio de mes acudió a ese verificentro, cuando tenía menos de un mes de realizar su servicio.
Me detalló que tras el rechazo fue al taller donde le realizaron ese servicio para revisar dónde estaba la falla. Lo que hizo el mecánico fue hacer dos o tres llamadas con sus “conocidos”, para posteriormente indicarle que regresara al verificentro, con la advertencia de que ahora debía “cubrir una cuota” extra de 250 pesos, por supuesto sin recibo de pago.
Finalmente me dijo que para evitarse problemas y no quedar “marcado”, incluso al dudar de la honestidad de funcionarios de la Secretaría del Medio Ambiente y a fin de no tener futuros problemas, decidió no presentar queja o denuncia alguna.
Así logró obtener su holograma de haber cumplido la verificación, pero la pregunta sería ¿cuántos casos se presentan así diariamente no solo en ese centro, sino además en otros localizados en el Estado de México y que por las mismas razones no son denunciados?
Por eso, resultaría recomendable investigar este tipo de situaciones para confirmar si es que esas “propinas” eran para la bolsa de las extorsiones de los ahora detenidos o, bien, para el beneficio personal de los empleados de los verificentros, de otra manera quedará la duda de esas deshonestas acciones, donde los finalmente perjudicados son los automovilistas que cumplen con todas sus obligaciones legales, así como deslindar la responsabilidad de los propietarios de ese servicio.
