Maullidos Urbanos / Nuevo revés de la SCJN a AMLO
Gato de Barrio /
Un nuevo motivo de enfrentamiento entre el presidente Andrés Manuel López Obrador y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN): con ocho votos a favor y tres en contra, el pleno declaró la invalidez del acuerdo emitido en noviembre de 2021, cuando se clasificó como de seguridad nacional mantener bajo reserva la información de todas las obras prioritarias ejecutadas por la actual administración federal.
Aunque la Corte acordó que será el lunes cuando se votará para definir los alcances específicos de la sentencia, al final de la sesión y como parte de una discusión desordenada, varios Ministros coincidieron en que el Acuerdo «ya se cayó», porque sus instrucciones iban dirigidas a una de «las partes» del litigio, es decir, todas las dependencias del Ejecutivo.
Aunque por ser un acto administrativo únicamente se requerían seis votos para invalidar el decreto, previamente la Corte resolvió –también por seis contra cinco– que ese Acuerdo no fue una norma general.
Esta resolución es en respuesta a la controversia constitucional 217/2021, promovida por el Instituto Nacional de Transparencia y Protección de Datos Personales (INAI) para impugnar el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Federación el 22 de noviembre del 2021, argumentando máxima publicidad así como el acceso a la información pública, mediante el cual se “blindaba” toda la información relativa a obras y proyectos como el Tren Maya, el Aeropuerto Felipe Ángeles, la Refinería de Dos Bocas y el Corredor Transístmico, entre otras.
Esta resolución no caerá nada bien en Palacio Nacional, donde su principal inquilino ya tiene otro motivo para agredir a la Suprema Corte. No sé si para bien o para mal pero no será la última decisión que los confronte, al existir otras controversias donde ejerciendo su autonomía e independencia el Poder Judicial emitirá dictámenes contrarios al actual gobierno federal.
Sin duda será una buena noticia no solo para el sistema político mexicano, también para la sociedad mexicana, que funcione el sistema de contrapesos, ya que actualmente el Ejecutivo mantiene un mayoritario control sobre el Legislativo.
Sin embargo, pese a esta decisión de la SCJN, en la edición vespertina de ayer del Diario Oficial de la Federación se publicó un nuevo decreto presidencial, donde se califica como de “seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo”.
Decreto que seguramente revocará la Suprema Corte por las mismas razones aplicadas al primero, ya desechado. Necio y soberbio, López Obrador se resiste a cumplir con el marco legal que juró acatar cuando asumió la presidencia de la república.
Por último, respecto a la SCJN su presidenta, Norma Piña, reconoció haber mantenido comunicación con Alejandro Armenta, presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, pero rechazó haberlo amenazado.
Mediante una carta pública, la ministra subrayó que sostiene en público lo que le dijo en privado al senador morenista. Admitió: “Reconozco que la vía utilizada no fue la más adecuada. Confío en que mi modo frontal y directo de hablar se distinga claramente de una amenaza. La honestidad es el criterio para construir el México que la Constitución garantiza y que las y los mexicanos nos exigen”.
El intercambio de mensajes con el senador de Morena podrá ser considerado como incorrecto o inadecuado, probablemente por su falta de trato con políticos con largo camino recorrido, que han desarrollado colmillo y experiencia, pero se le deberá reconocer que es una persona que enfrenta sus acciones y está dispuesta a asumir sus consecuencias.