POR Adrián Chavarría Espinosa /
- No cuenta con un diagnóstico viable y : “Hoy por hoy, la mejor reforma electoral sería la no reforma”: Luis Carlos Ugalde.
A menos de suceder algo sorpresivo y/o inesperado, la reforma política no solo propuesta sino defendida a capa y espada por la presidenta Claudia Sheinbaum será rechazada, para así agregar otra “primera vez” en la historia de México.
Me explico: es la primera iniciativa de este tipo que no es propuesta por la oposición, sino por el gobierno y el partido en el poder; es la primera que para su conformación se integró una comisión especializada únicamente con representantes de las autoridades, sin incluir siquiera a sus aliados electorales; es la primera que omite temas surgidos anteriormente; es la primera que provocará un retroceso de al menos medio siglo en la democracia.
Tras la presentación de la iniciativa hemos visto a una presidenta que la defiende tenazmente; se niega a escuchar otras voces o puntos de vista, como si ella fuera la única dueña de la verdad absoluta, por lo tanto, lo que propone casi llega a la definición de dogma.
Ahora son diversas voces, particularmente de opositores pero incluye a sus aliados, por no decir secuaces, quienes expresan argumentos válidos, mismos que si en verdad se desea una reforma de avanzada y plural, deben ser considerados, debatidos para ser integrados a la iniciativa final, lo que debió hacerse antes.
Por ejemplo, en el tema del financiamiento público, Arturo Escobar, coordinador nacional electoral del PVEM, rechazó el proyecto de reducirlo en una cuarta parte. Detalló que mientras Morena recibe más de dos mil 500 millones de pesos, el PT apenas alcanza los 600 millones, lo cual genera una competencia desigual. Por lo tanto, dijo que todas las fuerzas políticas deben recibir exactamente el mismo monto, considerándose el presupuesto del que menos recursos obtiene actualmente, así habría ahorros por tres mil quinientos millones de pesos anualmente.
En diferentes colaboraciones en medios, expresidentes del Instituto Federal Electoral y del Instituto Nacional Electoral, INR, han expresado sus puntos de vista. Luis Carlos Ugalde, expresidente del IFE, cuestionó al proyecto y señaló que no cuenta con un diagnóstico viable y sentenció: “Hoy por hoy, la mejor reforma electoral sería la no reforma”.
Advirtió el riesgo de cerrar vías de acceso al poder a la oposición al reducirse los plurinominales y el financiamiento; incluso, la posible desaparición del servicio profesional electoral pondría en riesgo la organización técnica de las elecciones; además se omiten temas centrales como violencia política y penetración del crimen organizado. Ugalde concluyó que una reforma sin consenso y sin diagnóstico podría ser viable legalmente, pero dañina políticamente, al degradar la competencia y acercar al país a un sistema de predominio hegemónico.
Lorenzo Córdova Vianello, expresidente del INE. Subrayó que en una democracia, las reglas del juego político –definidas para acceder al poder, ejercerlo, renovarlo y transferirlo–, deberían ser el resultado de un acuerdo integral e incluyente para definir una condición básica de la convivencia colectiva, no de una imposición unilateral por una parte de la sociedad sobre las demás. “Eso es porque se trata de las reglas fundacionales de la vida social”, puntualizó.
Recalcó que “no es casual que todas las reformas electorales desde 1994 en adelante hayan sido el resultado de una discusión abierta e incluyente de todas las fuerzas políticas y de múltiples actores sociales, y no sólo de los partidos que gobernaban en su momento. Implicaron acuerdos y consensos entre los gobiernos, su partido y las oposiciones.”
Esos procesos donde “colectivamente se identificaron los problemas (muchos de ellos indicados por las oposiciones, por cierto), se discutieron públicamente las mejores maneras de atenderlos y se construyeron los acuerdos correspondientes. Las reglas entonces fueron definidas de una manera abierta, incluyente y de cara al público.”
En una entrevista radiofónica, Jorge Romero Herrera, líder nacional del PAN, además de anticipar que su bancada votará totalmente en contra del proyecto, por no beneficiar a la ciudadanía y busca concentrar el poder, recordó puntos omitidos, como no incluir mecanismos de modernización democrática aplicados en otros países, establecer una segunda vuelta presidencial para garantizar mayor legitimidad en el Ejecutivo; la urna electrónica y voto anticipado: Herramientas que facilitarían el sufragio en el extranjero, entre otros puntos.
El articulista Jorge Fernández Menéndez puntualizó que un aspecto poco claro es el relativo a cómo se sancionarán en las campañas a quién difunda mentiras o fake news: “¿A quién se castigará?, ¿a quién las genere o las publique?, ¿quién definirá qué son falsedades?, ¿el gobierno o el INE?, ¿qué castigos habrá?, ¿las supuestas o reales mentiras castigadas serán las de los medios o de la oposición, pero no las del gobierno y de Morena y sus aliados?, porque tanto el sexenio pasado como en el actual ésa ha sido la norma en las mañaneras”.
Incluso, los actuales consejeros del INE se han mostrado divididos ante la iniciativa. Dania Ravel Cuevas, advirtió que sin conocer la iniciativa completa, subrayó un vacío central: “el tema de la equidad”. Detalló que deben regularse los actos anticipados de precampaña y la difusión de la propaganda fuera de los tiempos establecidos.
Carla Humphrey, exhortó a revisar con cuidado la “letra chiquita” de la propuesta cuando se presente en el Congreso de la Unión, en particular la reducción del 25% del gasto electoral. Reconoció que los marcos legales pueden actualizarse y la tecnología permite optimizar recursos, pero advirtió que “hay un discurso muy simplista que dice que las elecciones en México son caras, sin tomar en cuenta para qué sirven esos recursos y qué garantías generan”.
Uuc-kib Espadas Ancona opinó que el debate ha relegado los derechos de la ciudadanía frente a los de los partidos; defendió que la representación proporcional siempre ha sido producto del voto directo y advirtió sobre cambios que distorsionen ese principio. Criticó la propuesta de listas abiertas, donde lo ideal, para dar certeza al elector, son listas cerradas y bloqueadas. Enfatizó que la justicia electoral suele privilegiar los derechos de los contendientes lo que afecta principios como el voto secreto y la autenticidad de las elecciones.
Asimismo, Arturo Castillo alertó que eliminar las senadurías de representación proporcional incrementaría la sobrerrepresentación en la Cámara alta y reactivaría litigios postelectorales. Remarcó, además, que el objetivo no debería ser solo reducir costos. “No se trata de elecciones más baratas, sino de elecciones más confiables”.
Estos son solo algunos puntos de vista expresados antes de que se envíe la iniciativa, presuntamente, a la Cámara de Diputados, pero una vez admitida entonces habrá más certeza de lo que se pretende y, por supuesto, abrirá más debate mediático, pero debe insistirse en que las leyes electorales, deben ser perfeccionadas no cambiadas a capricho y de forma unilateral.
A menos de que Morena recurra a algún acto “irregular”, como los cometidos para lograr que avanzara la reforma judicial y que legisladores cambien de partido o de forma de pensar, ya será por las buenas o las malas, entonces la única certeza es que la iniciativa de Sheinbaum será rechazada, aunque para la mandataria eso no signifique una derrota, solamente el que ella “cumplió con su compromiso con la ciudadanía”.
