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ASUME EL RECTOR JORGE OLVERA PRESIDENCIA DEL COMITÉ DE REGISTRO DE TESTIGOS SOCIALES DE LA ENTIDAD

El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, asumió la presidencia del Comité de Registro de Testigos Sociales de la entidad, acto en el que la presidenta saliente y comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Josefina Román Vergara, rindió su informe de labores.
El rector de la UAEM, Jorge Olvera García, asumió la presidencia del Comité de Registro de Testigos Sociales de la entidad, acto en el que la presidenta saliente y comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Josefina Román Vergara, rindió su informe de labores.
  • Jorge Olvera García destacó que el Comité de Testigos Sociales se consolida como una herramienta del Estado que permite mayor participación ciudadana en la exigencia de rendición de cuentas.
  • La comisionada presidenta del INFOEM, Josefina Román Vergara, informó que durante el reciente año se tomaron numerosos acuerdos relacionados con 19 solicitudes de ampliación de registro y cinco solicitudes de registro de testigos sociales de la entidad.

 

El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, asumió la presidencia del Comité de Registro de Testigos Sociales de la entidad, acto en el que la presidenta saliente y comisionada del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, Josefina Román Vergara, rindió su informe de labores.

            Durante la primera sesión ordinaria de 2015, que se llevó a cabo en la Sala de Rectores de la UAEM, Olvera García destacó que el Comité de Testigos Sociales se consolida como una herramienta del Estado que permite mayor participación ciudadana en la exigencia de rendición de cuentas; de esta manera, dijo, el país se sitúa a la vanguardia de los estados más progresistas del mundo.

“De esta manera se involucra a la sociedad en los mecanismos de transparencia que tiene abiertos a los mexiquenses, porque así disponen de dispositivos para verificar el manejo de los recursos”, aseveró el rector de la UAEM, quien por tercera ocasión ocupa la presidencia del Comité.

            Afirmó que “la figura de los Testigos Sociales permite disipar las incertidumbres que ensombrecen la relación entre los gobernantes y la ciudadanía, pues los articulan de forma tal que no queda resquicio alguno para la corrupción”.

Durante esta sesión, en la cual se tomó protesta como vocal del Comité a la directora de la Facultad de Derecho de la UAEM, Inocenta Peña Ortiz, Josefina Román Vergara informó que durante el reciente año se tomaron numerosos acuerdos relacionados con 19 solicitudes de ampliación de registro y cinco solicitudes de registro de testigos sociales de la entidad.

Abundó que de las 19 solicitudes de ampliación de registro, 13 fueron relativas a personas físicas y seis a personas jurídico colectivas; a través de ellas se registraron 42 representantes acreditados ante el Comité, asimismo se presentaron cinco solicitudes de registro: cuatro de personas físicas, de las cuales tres obtuvieron el registro respectivo; por otro lado se reportó una solicitud de persona jurídico colectivo, cuyo registro fue procedente.

Indicó que en la actualidad, el Comité de Registro de Testigos Sociales de la entidad posee un padrón de 23 testigos sociales, de los cuales 16 son personas físicas y siete personas jurídicas colectivas; estas últimas, con un total de 31 representantes acreditados, los cuales sumados a las 16 personas físicas, da un total de 47 personas con perfiles en contratación de obra, servicios y adquisición de bienes.

            Concluyó que la figura del testigo social es un mecanismo de participación ciudadana activa de gran importancia y trascendencia para minimizar riesgos de opacidad y corrupción en procedimientos de contratación pública relevantes; el testigo social, como observador crítico de la sociedad civil en las contrataciones que realiza la administración pública, dijo, hace constar su legalidad y trascendencia.

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