Gato de Barrio
La semana pasada se registró la detención de Ernesto Ruffo Appel, destacado político panista, a quien se le acusa de estar implicado en una red de huachicol fiscal, razón por la cual ya se le internó en el penal de alta seguridad El Altiplano, en el Estado de México, lo cual ha provocado una nueva confrontación entre políticos de Morena y de la oposición política.
Al ganar las elecciones para gobernador en Baja California en 1988, Ruffo Appel fue el primer mandatario de oposición que no solo terminó con la hegemonía priista, además logró mantener bajo el control panista a esa entidad por cinco sexenios más, hasta que el entonces morenista Jaime Bonilla triunfó en las elecciones para un mandato de dos años y, después, le siguió la actual mandataria Marina del Pilar Ávila Olmeda, quien termina su periodo en 2027.
Sin considerar la presunción de inocencia, ya fue juzgado por los morenistas para ser responsabilizado de actividades fraudulentas donde la oposición, en particular los panistas como el expresidente Felipe Calderón, consideró que el también empresario es víctima de justicia selectiva, incluso acusó a las autoridades de “no tocar y proteger” a funcionarios de Morena, señalados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el crimen organizado.
En respuesta la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó esta versión, además de sugerir una contradicción en la postura de Calderón al mencionar supuestas publicaciones del exmandatario contra Ruffo, donde lo señalaba por presuntos vínculos con el crimen organizado.
Dijo: “Calderón tiene publicaciones de 2017 en contra del exgobernador, acusándolo de vínculos con una organización delictiva. Acaba de publicar Calderón, hablando de la solidaridad con este exgobernador y diciendo que hay justicia selectiva cosa que negamos absolutamente”.
Sin embargo, en el proceso electoral del 2018 y en medio de la definición de las candidaturas del PAN, el expresidente Calderón se refirió de forma irónica a las aspiraciones del exgobernador de Baja California al calificarlo de “destacado y tolerante humanista e intelectual”, Pero sin comentarios sobre presuntos vínculos con el crimen organizado, como dijo Sheinbaum.
Entonces quien falta a la verdad es la mandataria, quien constantemente ha insistido en defender a políticos morenistas acusados por Estados como Rubén Rocha Moya, implicado por nexos con “Los Chapitos”. También de Alfonso Durazo y Américo Villarreal, gobernadores de Sonora y Tamaulipas, respectivamente, según periódicos Los Ángeles Times y New York Times.
Incluso Ávila Olmeda, señalada por Bonilla, su antecesor, de vínculos con el crimen organizado, la presidenta ha matizado el asunto al descartar que los audios filtrados a la prensa donde negocia con supuestos representantes del gobierno estadounidense, incluso se compromete a revelar información confidencial, la presidenta rechazó que pongan en riesgo la seguridad de Baja California y es responsabilidad de la gobernadora fijar una postura y responder directamente a los cuestionamientos de la ciudadanía sobre esas grabaciones.
En un comunicado el PAN señala corresponde a las autoridades conducir el proceso con estricto apego a la ley, pero exige respeto al debido proceso y la presunción de inocencia. Expresó su confianza en que Ruffo aclarará los hechos imputados por las vías legales, pero la confianza en las instituciones depende de que la ley se aplique con imparcialidad, sin criterios políticos ni “jueces del bienestar”.
Si en verdad tanto el gobierno federal como la Fiscalía General de la República quieren probar que en México no se aplica una justicia selectiva, entonces, primero, deben demostrar veraz, objetiva y legalmente que Ruffo está realmente implicado en el huachicol fiscal en que se le involucra y, segundo, que también y con el mismo rigor sean investigados los políticos morenistas tanto los acusados por las autoridades norteamericanas como los señalados en Mexico. De lo contrario se mantendrán vigentes las mentiras oficiales.
