Gato de Barrio /
- Gobierno de Sheinbaum encarcela a exgobernador perredista por testimonios de «testigos protegidos»
- Otro intento de los y las morenistas de desviar la atención de casos como el gobernador de Sinaloa, acusados de vínculos con el nerco por el Gobieno de E.U.
Como era de esperarse y tras una audiencia de catorce horas, el juez de control Mario Elizondo Martínez, adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en Almoloya de Juárez, decidió vincular a proceso a Ángel Aguirre Rivero, exgobernador de Guerrero, además de ratificarle la prisión preventiva al ser imputado por la eliminación de evidencias por el caso de la desaparición de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, sucedido en septiembre de 2014.
Al exmandatario –quien se presentó a la audiencia en silla de ruedas y dijo tener varios problemas de salud, expresó “tener su conciencia tranquila y muy en paz»–, se le negó el beneficio de la prisión domiciliaria. Con él ya serían al menos 21 exgobernadores –catorce del PRI, tres del PAN y cuatro del PRD, antes de que existiera Morena–, quienes en las últimas dos décadas han sido encarcelados por diversos motivos.
De los casos de los priistas, involucrados en hechos de corrupción, lavado de dinero, delincuencia organizada, y otros delitos, destacan entre otros el veracruzano Javier Duarte, el chihuahuense César Duarte, el quintanarroense Roberto Borge, el poblano Mario Marín, el tamaulipeco Tomás Yarrington y el tabasqueño y Andrés Granier.
Respecto a los panistas han sido el sonorense Guillermo Padrés, el hidrocálido Luis Armando Reynoso Femat y más recientemente el californiano Ernesto Ruffo Appel –involucrado en un presunto caso de huachicol fiscal–. Los experredistas encarcelados son el chiapaneco Pablo Salazar Mediguchía, la capitalina Rosario Robles, y el sur bajacaliforniano Narciso Agúndez Montaño y ahora se suma el guerrerense Aguirre Rivero.
Incluso, en los casos de Ruffo Appel y de Aguirre Rivero, ambos han sido tratado como si fueran delincuentes de alta peligrosidad, comparables con integrantes del crimen organizado, porque cómo se entiende que ambos fueron llevados al penal de máxima seguridad conocido como El Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México.
No se puede asegurar que todos sean culpables de los hechos donde se les implicó o si su juicio y encarcelamiento respondieron a cuestiones políticas, pero ahora se debería revisar lo sucedido en las administraciones morenistas, donde a pesar de que políticos guindas, incluso varios en activo, han sido involucrados en diversos ilícitos ninguno ha sido llevado a prisión, ni siquiera han sido objeto de un proceso legal o imputados legalmente por algún delito.
Entre los exmandatarios morenistas se pueden mencionar el tabasqueño Adán Augusto López Hernández, el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco –nacido en el entonces Distrito Federal, pero encabezó el estado de Morelos–, el chiapaneco Rutilio Escandón, incluso resultó “premiado” al ser nombrado cónsul en Miami, o el sinaloense Rubén Rocha Moya, quien pese a haber sido requerido legalmente por autoridades de Estados Unidos, ha sido defendido y protegido por el gobierno mexicano para no ser extraditado.
En el caso de los políticos en activo, entre los señalados se encuentran los gobernadores de Tamaulipas, Américo Villarreal, y de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda. Al primero, por presuntos vínculos con el huachicol fiscal y a la segunda por supuestamente estar dispuesta a compartir con agencias estadounidenses información confidencial sobre temas de seguridad nacional.
Podrán decir muchas cosas de las administraciones federales del PRI y del PAN, pero en ellas se proceso y encarceló a quienes cometieron diversos ilícitos, aunque fueran compañeros de ideología y partido, lo que no ha sucedido ni en la anterior ni el actual sexenio, a pesar de las exigencias no solo de la oposición política, también de sectores sociales que demandan se aplique justicia.
Lo deseable no solo para los inconformes, también para los gobiernos federal y varios estatales, así como también para Morena, sería iniciar los procesos legales contra los políticos impugnados. Sin duda, de esa forma se lograría ganar una verdadera confianza ciudadana en sus autoridades, ya que se comprobaría que trabajan por alcanzar un verdadero combate a la impunidad.
