Adrián Chavarría Espinosa /
Fue necesario que se viralizara el caso de la señora Carlota, de 74 años, quien para recuperar una vivienda de su propiedad en la unidad habitacional Hacienda de Guadalupe, en Chalco, Estado de México en abril de 2025, tuviera que cometer un doble homicidio y lesiones a una tercera, para revelarse que el delito de despojo de inmuebles era un hecho constante, sin ser nuevo ni exclusivo de la entidad mexiquense, sino que también se repite en otras entidades.
Como se recordará, aunque esa persona había acudido a diferentes instancias para denunciar la invasión de su propiedad, fue ignorada, por lo cual acudió a su propiedad para exigir la salida de los invasores pero ante su negativa, la última y única salida que consideró y ejecutó fue dispararles a esas personas.
Después, la señora Carlota declaró que lo sucedido fue un mal rato y un acto de defensa personal, Por su edad avanzada y problemas de salud –padece diabetes e hipertensión– un juez le concedió el cambio de medida cautelar a prisión domiciliaria mediante una garantía de 250 mil pesos, la entrega de su pasaporte y el uso de localizador.
A raíz de este hecho, se determinó iniciar y aplicar la Operación Restitución en 83 municipios mexiquenses, donde participan la Fiscalía General de Justicia y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, las secretarías de la Defensa Nacional, Marina, la Guardia Nacional, así como las corporaciones policiacas municipales.
Como resultado se aseguraron dos mil 307 inmuebles, de ellos mil 852 corresponden a casas habitación, 422 a predios y 33 a inmuebles de uso comercial. Mediante el operativo mil 452 propiedades ya fueron restituidas a quienes acreditaron legalmente la posesión. Asimismo, se reportó la captura de 478 personas, de las cuales 404 fueron detenidas en flagrancia y 74 mediante órdenes de aprehensión. Del total, 53 son considerados objetivos prioritarios.
Según estadísticas de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de enero a junio del 2026, en el Estado de México se presentaron dos mil 449 casos, seguido de la Ciudad de México con mil 966, Guanajuato con 900, Puebla con 806, Veracruz con 742, Baja California con 597, Morelos con 584, Hidalgo con 574, Jalisco con 562 y Nuevo León con 541.
Respecto a la Ciudad de México –donde también a causa de un bloqueo en un eje vial en la colonia Del Valle se hizo público este delito–, la fiscal general de Justicia, Bertha Alcalde Luján, reveló que al 5 de agosto existen 21.4 casos de despojo por cada 100 mil habitantes,
En conferencia de prensa señaló que “la realidad es que el delito de despojo tiene cifras estables, al menos desde 2019. En esta década se ha mantenido un promedio diario de entre nueve y diez denuncias de despojo en la ciudad”. Precisó que de junio de 2025 a julio 2026, el gabinete contra despojos atendió mil 32 casos; de ellos 644 son de denuncias de tipo civil, es decir conflictos entre familiares o conocidos que disputan alguna propiedad. Agregó que sólo 388 son posibles despojos, ejecutándose 317 acciones que corresponden a 185 restituciones de inmuebles y 84 aseguramientos, así como 48 acciones distintas.
Tanto en la entidad mexiquense como en la capital se han identificado grupos criminales dedicados este delito quienes, en varios casos, cometen este ilícito apoyados por notarios y servidores públicos y las autoridades señalan que se toman medidas legales para actuar contra ese delito. Su forma de actuar es identificar una vivienda vacía para ingresar a ella; después cambian chapas e intentan acreditar una posesión con papeles y/o argumentos legales falsos.
Diversos especialistas han emitido recomendaciones para actuar cuando suceda un despojo de inmueble, sin importar si es vivienda, oficina o bodega. Los más vulnerables son personas de la tercera edad, quienes son objeto de engaños, abusos y actos para despojarlos de su bien, al aprovecharse del desconocimiento de la situación jurídica de sus inmuebles.
Entre otras recomendaciones se encuentran mantener los documentos actualizados, es decir estar inscritas en el Registro Público de la Propiedad, además los contratos, pagos de predial y servicios deben estar organizados y disponibles y, además de los documentos físicos, se debe contar con copias certificadas o respaldos digitales seguros.
También no dejar inmuebles vacíos sin vigilancia o con apariencia de desocupada, ya que representan uno de los principales riesgos; incluso, mantener constante contacto con los vecinos; formalizar documentalmente cualquier entrega de posesión, ya sea cuando una vivienda sea rentada o prestada, con contratos o convenios claros entre dueño y usuario.
Revisar periódicamente el Registro Público para verificar que no existan movimientos irregulares sobre la propiedad; actuar rápido ante cualquier alerta, como cuando una persona deja de pagar renta y se niegue a abandonar el inmueble e intente acreditarse como dueño:
No se aconseja intentar recuperar el inmueble por la fuerza; es más se debe documentar de inmediato el estado del inmueble con fotografías, videos y cualquier medio que acredite la fecha y circunstancias del despojo; acelerar las acciones judiciales con rapidez. Para recuperar la propiedad las pruebas fundamentales dependen de la naturaleza jurídica del inmueble y de la vía procesal elegida, pero en términos generales son mediante documentos legales.
Es de esperar que, una vez visibilizados estos casos, las autoridades logren reducirlos y evitarlos, en beneficio de quienes con esfuerzo han logrado adquirir un bien inmueble.
