Alebrijes en Cuadratines / Peligrosas protestas por Ayotzinapa
Adrián Chavarría Espinosa
Esta semana se cumplen ocho años de que 43 estudiantes de la normal rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, fueron desaparecidos en una acción que pese a la investigación para aclarar los hechos por el anterior gobierno federal, mediante la llamada “Verdad Histórica”, esa versión no fue admitida ni por la actual administración, encabezada por Andrés Manuel López Obrador. ni mucho menos por los familiares de esos alumnos ni por sus compañeros de plantel.
Según esa versión, “Guerreros Unidos confundieron a los normalistas con integrantes de un grupo rival, y José Luis Abarca, alcalde de Iguala, creyó que ellos acudirían a boicotear un evento público encabezado por su esposa, en ese momento presidenta del DIF municipal.
Por ello el político ordenó la detención de los estudiantes quienes, aparentemente, fueron capturados por los policías municipales y ellos, a su vez, los entregaron a miembros del crimen organizado quienea, a su vez, los asesinaron y quemaran sus cuerpos y arrojaron sus cenizas a un río.
Sin embargo, los familiares nunca aceptaron esa historia y. con el cambio de régimen, el presidente López Obrador se comprometió a aclarar el destino final de los normalistas para entregar sus restos o definir finalmente dónde quedaron.
Así encargó a Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos, encabezar la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, y al rendir las conclusiones de cuatro años de trabajo, dijo que la desaparición de los 43 normalistas “fue un crimen de Estado”, donde participaron agentes de diversas instituciones del gobierno mexicano.
Consideró que las autoridades “fueron omisas y negligentes”, además “alteraron hechos y circunstancias para establecer una conclusión ajena a la verdad de los hechos”, por lo cual consideró necesaria la detención de Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, y del general José Rodríguez Pérez, en ese entonces coronel y responsable del 27° Batallón de Infantería de Iguala, y a otros tres militares más.
A excepción de las nuevas acusaciones y detenciones, no hay gran diferencia con la “Verdad Histórica”, motivo por el cual familiares y compañeros de los desaparecidos no quedaron conformes y, por el contrario, al acercarse el aniversario de la desaparición de los estudiantes han escalado con la violencia durante sus protestas.
Tras vandalizar instalaciones militares en Chilpancingo e Iguala; se trasladaron a la Ciudad de México donde atacaron la embajada de Israel, el edificio de la Secretaría de Relaciones Exteriores, las oficinas de la Fiscalía General de la República y la zona de entrada al Campo Militar Número Uno.
En cada situación, la orden a policías y militares fue de resistir sin responder a las agresiones, lo cual fue aprovechado por encapuchados para pintarrajear los inmuebles y causar los mayores destrozos materiales posibles, incluso lanzaron petardos y bombas molotov, por lo cual poco más de medio centenar de policías resultaron con diversas lesiones.
En su conferencia del viernes, López Obrador descalificó los ataques a la FGR; dijo que se busca desacreditar a su gobierno y enrarecer la situación, sin descartar que esté involucrado el “conservadurismo” y reiteró: “Nosotros no vamos nunca reprimir al pueblo”. Insistió que no son iguales: “Nosotros no vamos a reprimir, y siempre vamos a estar del lado de la justicia y no traigan bombas molotov, y no traigan piedras”.
Si bien las protestas inician y se efectúan pacíficamente y después de que los padres de los normalistas se retiran, entonces aparecen jóvenes encapuchados, los generadores de los actos violentos para pintarrajear, romper ventanas, destrozar puertas y accesos. En el caso del Campo Militar Número, se necesitó lanzar chorros de agua desde camiones para dispersar a los agresores y hacer que se retiraran, pero sin conocer si hubo heridos entre ellos.
El problema es que los manifestantes, normalistas y familiares, además de demandar la aparición con vida de los desaparecidos exigen justicia, pero ellos son los primeros en cometer ilícitos sin admitirlo, con hechos que van desde el secuestro de autobuses, bloqueos carreteros, toma de casetas de peaje en autopistas, hasta vandalizar edificios, entre otros hechos.
Una situación especialmente grave fue el ataque a la embajada de Israel, ya que en términos legales fue una invasión a su territorio, lo que podría generar conflictos diplomáticos.
Otro problema es que sus agresiones son cada vez más violentas y a pesar de la orden a los elementos policiacos y militares de resistir sin responder, existe el riesgo de que, accidentalmente o por el momento, algún normalista, encapuchado o manifestante resulte herido o hasta muerto, entonces será otro motivo de inconformidad y de más protestas.
Desafortunadamente, llegará un momento en que sea la “verdad histórica” o una nueva versión, nunca quedarán satisfechos los inconformes, solamente buscarán se aplique la justicia como a ellos les convenga, no como lo dictan las leyes. Entonces resultará difícil anticipar qué sucederá con todo este conflicto y cuál será su resolución definitiva.
Maullidos Urbanos
Una consulta ilegal e inútil
Gato de Barrio
Ante la falta de aprobación en el Senado a la reforma constitucional a la propuesta para extender hasta el año 2028 la intervención militar en las tareas de seguridad pública, el presidente Andrés Manuel López Obrador ya “encontró” otra alternativa para alcanzar ese propósito: organizar una encuesta.
Detalló que se realizaría el próximo año con tres preguntas para que los mexicanos manifiesten su opinión sobre si la Guardia Nacional, el Ejército y la Marina y deben o no regresar a los cuarteles en marzo de 2024, bajo la idea de que no sea una decisión cupular sino “emanada del pueblo”.
Incluso hasta reveló cuáles serían las tres preguntas: 1.- ¿Estás de acuerdo con la creación de la Guardia Nacional y con su desempeño hasta ahora? 2.- Consideras que las Fuerzas Armadas, el Ejército y la Marina, ¿deberían mantenerse en labores de seguridad pública hasta 2028 o que regresen a sus cuarteles en marzo de 2024? Y 3.- ¿Cuál es tu opinión que la Guardia Nacional pase a formar parte de la Secretaría de la Defensa Nacional o dependa de la Secretaría de Gobernación o de Seguridad Pública?
Puntualizó que para su organización y desarrollo la consulta no sería organizada por el Instituto Nacional Electoral (INE), sino por la Secretaría de Gobernación, que no resultaría costosa y un punto relevante: su resultado no sería vinculante, es decir no debería incidir en los hechos legamente.
Pero existe una razón para ello: de acuerdo con la Ley Federal de Consulta Ciudadana, la seguridad nacional es un asunto que no puede ser sometido a consulta. En su artículo 11 se establecen los temas exceptuados, como son los temas de restricción a los derechos humanos, la permanencia o continuidad en el cargo de servidores públicos de elección popular, la materia electoral y, en específicamente en asuntos de la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada permanente.
De concretarse la propuesta de consulta pública, organizada y ejecutada por Gobernación, resultará como otras anteriores, que carecen de formalidad y objetividad, además no habría garantía de que sus resultados sean el verdadero reflejo del sentir ciudadano.
Lo único que provocará López Obrador será politizar aún más el asunto de la militarización de la seguridad pública y, además, abrirá un nuevo frente en la polarización de la sociedad, sin llegar a una verdadera y definitiva conclusión sobre este tema.
Ronroneos
La Fiscalía General de la República anunció que fue detenido Cristian Solís Arriaga, aparente propietario del pozo minero El Pinabete, en Sabinas, Coahuila, donde diez mineros perdieron la vida tras quedar atrapados… El implicado fue recluido en prisión preventiva en el Centro Federal de Readaptación Social de Ramos Arizpe, Coahuila, luego de que en la audiencia inicial el juez dictara esa medida cautelar… Se agregó que sigue la búsqueda de los empresarios Luis Rafael García y Arnulfo Garza, presuntos responsables de la explotación ilegal del carbón… Integrantes de organizaciones sociales y de grupos políticos de oposición vinculados a la alianza “Va por México”, marcharon del Monumento a la Revolución al Ángel de la Independencia, para exigir que ante el evidente fracaso de la estrategia de seguridad del gobierno de México, se replantee y se detenga la militarización… Los manifestantes, vestidos de blanco, portaron banderas de México y lonas en apoyo al Instituto Nacional Electoral, organismo que el presidente López Obrador propone desaparecer en su iniciativa de Reforma Electoral… Mediante un video difundido en redes sociales, Santiago Creel, presidente de la Cámara de Diputados, exigió a Andrés Manuel López Obrador, respetar la división de poderes, y lo acusó de anunciar una consulta popular para «presionar socialmente» al legislativo a fin de aprobar la reforma que pretende ampliar la presencia del ejército en las calles… Subrayó que “promover una consulta, cuando el proceso legislativo aún no concluye, es una indebida intromisión en las funciones constitucionales de la Cámara de Diputados»…