Alebrijes en Cuadratines / Persiste la corrupción en la 4-T
Adrián Chavarría Espinosa /
A pesar de las promesas presidenciales de que en la actual administración, la de la autollamada Cuarta Transformación (4-T), ya se terminó con la corrupción, la realidad es que continúan presentándose casos y no de pequeños montos, sino de cantidades que implican miles de millones de pesos, como es el caso de los organismos que remplazaron a la antigua Compañía Nacional de Subsistencias Populares (Conasupo) y sus filiares.
Roberto Salcedo Aquino, secretario de la Función Pública, admitió que son cerca de nueve mil 500 millones de pesos sin comprobar por directivos de Diconsa, Liconsa y Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex); por ello hay 38 denuncias presentadas ante la Fiscalía General de la República (FGR), las cuales incluirán delitos por delincuencia organizada.
Precisó: “las denuncias penales presentadas por las instancias gubernamentales están en etapa de investigación, con miras a su judicialización. Principalmente las denuncias son por el delito de uso ilícito de atribuciones y facultades, y las carpetas de investigación se están integrando bajo la óptica de delincuencia organizada”.
Salcedo explicó que se formó un grupo de trabajo donde participan varias instituciones y, con base en las denuncias presentadas, se removió a casi la totalidad de los directivos de esas dependencias que participaron en lo que calificó como “el mayor acto de corrupción en la presente administración”, investigaciones que han registrado irregularidades desde 2019.
Y puntualizó: “por esas investigaciones, se han cesado a servidores públicos de áreas centrales y operativas en toda la República, sin menoscabo de las acciones legales y administrativas que resulten en su contra”, renovándose toda la estructura de mando.
El tema fue expuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador, pero para exculpar de toda responsabilidad a Ignacio Ovalle, primer director general de Segalmex, quien fue removido de ese cargo 19 de abril de 2022 al ser sustituido por Leonel Cota Montaño y, a su vez nombrado coordinador del Instituto Nacional para el Federalismo y el Desarrollo Municipal.
¿Por qué la exoneración presidencial de Ovalle? Este político es abogado egresado de la UNAM quien inició su carrera a finales de los años sesenta en la Secretaría de Gobernación para después ser secretario particular del presidente Luis Echeverría, subsecretario y titular de la Secretaría de la Presidencia. En el sexenio de José López Portillo fue director del Instituto Nacional Indigenista, donde conoció a López Obrador. Posteriormente fue embajador en Cuba y Argentina, hasta que en 1998 llegó a la dirección de Conasupo.
Tras un breve pero polémico desempeño en 1990 asumió varios cargos en el PRI, alejándose de la política hasta ser rescatado por el actual mandatario, como titular de Segalmex, constituido por la fusión de Diconsa y Liconsa, sucesores de la desaparecida Conasupo, hasta que empezaron las investigaciones por las irregularidades citadas.
¿Qué tan grave es el caso de corrupción en Segalmex? Si se considera que es un organismo de reciente creación con irregularidades por nueve mil 500 millones de pesos, cifra entre tres y cuatro veces el tamaño de los montos de los cuales se acusa a Rosario Robles, por corrupción en la denominada “Estafa Maestra”, entonces es un tema muy grave.
Aunque Salcedo Aquino dijo que por ley podía revelar nombres, reveló que René Gavira Segreste, exdirector de Administración y Finanzas de Segalmex, fue vinculado a proceso judicial por haber desviado más de 900 millones de pesos e invertirlos en acciones bursátiles de una caja de ahorros en Chiapas, por lo cual se le acusa del delito de uso ilícito de atribuciones y facultades y las carpetas de investigación se integran bajo la óptica de delincuencia organizada.
Explicó que esa acción se ejecutó sin respetar la normativa vigente, que el capital ya fue recuperado totalmente y los intereses generados están en proceso de determinación para que sean totalmente reintegrados”. Además, al admitir que es el mayor caso de corrupción en el actual sexenio, tácitamente reconoce que existen otros aunque de menor tamaño.
López Obrador exoneró al exdirector de Segalmex, al asegurar que Gavira Segreste, como subordinado no avisó ni consultó con nadie el desvío de recursos. Además, expresó: “Imagínate que un caso así se estuviese tratando en el gobierno del licenciado Peña o el gobierno de Calderón o de Fox. No, y había… bueno, ahí se los dejo de tarea, cuántos casos así. Ahora es distinto, ahora cuando se dan casos de corrupción, de inmediato…”
Pero, por ejemplo, si a Rosario Robles se le imputaron actos de corrupción cometidos por sus subordinados en la Secretaría de Desarrollo Social, sin que a ella se le haya comprobado participación directa, permaneció presa tres años hasta que el viernes se le otorgó libertad condicional, entonces por lo mismo Ovalle debería ser detenido y vinculado a proceso.
Por lo anterior se establece que lo sucedido con Robles ha sido una venganza política, tal como sucede con Jesús Murillo Karam, exprocurador General de la República, imputado de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia, por el caso Ayotzinapa.
Lo que queda claro es que, a pesar de toda la retórica oficial, lamentablemente el aparato legal responde más a cuestiones políticas que de verdadera impartición de justicia.