Maullidos Urbanos / Subjetividad de las leyes
Gato de Barrio
Probablemente muchos no recuerden cuando se aplicaban tanto el artículo 33 constitucional como el de “Disolución Social”, ambos con una interpretación muy subjetiva y acorde a los intereses particulares de quienes encabezaban los viejos gobiernos.
En resumen, el 33 constitucional se utilizaba para expulsar a los extranjeros quienes presuntamente se entrometían en “los asuntos políticos del país”, mientras que el de disolución social sería utilizado en muchas ocasiones para reprimir cualquier muestra de descontento, tal como sucedió en el movimiento estudiantil de 1968. El problema es que por su ambigüedad su aplicación era útil para que las autoridades justificaran legalmente su proceder ante la sociedad.
Ahora, de acuerdo con la iniciativa presidencial que ya recibió el Congreso de la Unión, se busca otorgar a Petróleos Mexicanos un mayor control sobre los precios, la distribución, las importaciones y la comercialización del combustible, entonces sucederá algo parecido.
Después de haber tenido un grave y estruendoso revés en la contrarreforma eléctrica, con la cual se pretendía fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad para retomar el monopolio de la generación de esa energía, ahora se plantea una estrategia diferente para que la Secretaría de Energía suspenda los permisos actualmente vigentes «con el objetivo de garantizar los intereses de la nación».
La propuesta es que bajo el argumento de la cuidar “la seguridad nacional, la seguridad energética o para apoyar la economía nacional”, las autoridades del sector tengan la facultad de suspender cualquier permiso otorgado, sobre todo a particulares que participan en la cadena de producción, procesamiento, transporte, almacenamiento, comercialización, expendio al público y exportación e importación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos.
Se precisa que los cambios buscan mayor eficiencia en la producción y uso de hidrocarburos y petrolíferos, para garantizar el suministro a toda la población, devolviéndole a las empresas productivas del Estado –es decir Pemex–, un papel más activo en las actividades que la Reforma Energética abrió las puertas a la iniciativa privada, además de que se permitiría a la petrolera estatal controlar las instalaciones los permisos que sean suspendidos.
El problema es quién y cómo se definirán los temas de seguridad nacional y energética o respaldar la economía nacional, por ser ideas muy subjetivas. Lo que sí se puede anticipar es que de aprobarse esta reforma, nuevamente se esperan múltiples demandas de amparo y controversias constitucionales, tal como ha sucedido con la reforma eléctrica.