SANCIONAR CON PENA DE DOS A 10 AÑOS DE PRISIÓN A QUIEN AUTORICE O DESARROLLE PROYECTOS EN ZONAS DE RIESGO: DIPUTADA ANA LILIA HERRERA ANZALDO

Debido a que hay un vacío en la legislación federal, por la ausencia de
tipos penales que incluyan las responsabilidades y sanciones a quien
autorice o desarrolle proyectos en zonas de riesgo, la diputada federal
del PRI, Ana Lilia Herrera Anzaldo, propuso materializar en el Código
Penal Federal el delito de construcción, edificación, realización de obras
y los asentamientos humanos en zonas que representan un peligro para
la población.
“La Ley General de Protección Civil contempla como delito grave la
construcción en zona de riesgo, pero este hecho no es sancionado en
la legislación penal federal, lo que convierte al precepto en inaplicable;
existen algunos casos en que las autoridades locales cuentan con la
normatividad que les permita evitar los asentamientos en zonas de
riesgo. Sin embargo, muchas veces no es aplicada, debido a que los
costos de reubicar a personas asentadas en zonas son muy altos”.
explicó.
La iniciativa busca adicionar el artículo 420 del Código Penal Federal,
para tipificar el delito e imponer pena de dos a 10 años de prisión y de
trescientos a tres mil días de multa, a quien: Autorice, ordene,
construya, edifique, realice obras de infraestructura y asentamientos
humanos en reserva ecológica o en zonas no aptas de acuerdo al
análisis de riesgo realizado por la autoridad competente; lo mismo aplica
al sujeto que asiente datos falsos en documentos, con el propósito de
simular el cumplimiento de obligaciones derivadas de la norma federal
y quien no realice el análisis de riesgo y actúe sin la autorización del
impacto y riesgo ambiental.
La sanción para el servidor público que, en ejercicio de sus funciones o
aprovechando su cargo, permita o autorice obras incumpliendo con las
disposiciones federales, es la privación del cargo o comisión y se le
inhabilitará para ocupar otro hasta por cinco años.
“La iniciativa otorgaría fuerza normativa a la protección civil y brindaría
al Estado un elemento de control racional y homólogo a favor del
desarrollo territorial y protección de las personas bajo su jurisdicción;
obligaría a los gobiernos, federal y locales a garantizar la estricta
observancia de los atlas de riesgos en los instrumentos de planeación
territorial, ordenamiento ecológico y desarrollo urbano; también,
impulsaría la creación y actualización de reglamentos de construcción
acordes con los diferentes peligros y riesgos de los asentamientos
humanos que se presentan en cada territorio”, argumentó Herrera
Anzaldo.
Destacó la importancia de homologar la norma federal, pero también
dijo, es urgente un cambio en la atención gubernamental para dar un
mejor destino al presupuesto a favor de la población e impulsar un
modelo de desarrollo humano que genere bienestar a los ciudadanos.
“La atención de desastres naturales, gestión de riesgos y protección civil
son materias que nos incluyen, responsabilizan y benefician a todos y
en manos del Legislativo está la facultad de crear los tipos penales,
actuemos en consecuencia” concluyó.