Alebrijes en Cuadratines: Gobierno de ocurrencias
Adrián Chavarría Espinosa
En apenas dos meses del nuevo gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha desarrollado una serie de acciones y programas que no se puede discutir en su gran mayoría en el papel y las intenciones resultan positivas, pero ya en la práctica existen diversos inconvenientes para varios sectores sociales.
Considero que pocas personas estarían en contra de combatir el robo de combustible, terminar con los presuntos excesivos sueldos de altos funcionarios, acabar con los aviadores, es decir de personas que sin trabajar cobran sueldos, anular los desvíos de recursos de los programas oficiales para rencauzarlos a actividades más productivas.
Sin embargo para terminar con todas estas irregularidades se han aplicado medidas y decisiones cuyas consecuencias no han sido previamente valoradas, es decir, parecen ocurrencias de momento sin considerar que no se alcanzan los resultados esperados y, en cambio, se presentan inconvenientes que afectan a diversos sectores sociales.
Por ejemplo, para combatir las actividades ilícitas de los huachicoleros se decidió cerrar los ductos que conducen el combustible de las refinerías o centros de acopio a los sitios de distribución, con lo cual las tomas irregulares dejarían de funcionar.
Sin embargo, una consecuencia no calculada fue el desbasto de combustible en por lo menos diez entidades, lo cual se reflejó en gasolineras cerradas y con largas filas de vehículos en espera de la llegada de pipas para satisfacer la demanda.
Una respuesta oficial fue el anuncio de la compra de casi 700 pipas, lo cual se realizó con adquisición directa, sin licitaciones, para lo cual Pemex solicitó un préstamo de 180 millones de dólares a su filial PMI Norteamérica. Considero que probablemente hubiera sido más económico su renta pero esa opción no fue considerada, al menos públicamente.
En el renglón de la separación de empleados federales, bajo la idea de que existía personal en exceso contratado bajo el régimen de honorarios o considerado de confianza se iniciaron los despidos, en gran cantidad de casos sin cubrir con liquidaciones legales. Así sucedió, por ejemplo con servidores públicos que prestaban sus servicios en el Servicio de Administración Tributaria (SAT).
Otra dependencia afectada fue el Instituto Nacional de Antropología e Historia, dependencia en la cual los últimos 30 años no se han creado plazas de base e, incluso, en los últimos quince años se perdieron más de 850 plazas, tanto de mandos medios como de carrera.
Lo que debió analizarse era revisar las necesidades de cada dependencia para evaluar que tan indispensables resultan ser los empleados de confianza o sin base para mantenerlos activos, ya que en muchas ocasiones son quienes cumplen con las cargas de trabajo más pesadas que los de planta o sindicalizados no ejecutan por muy diversas circunstancias.
De igual forma, dentro de la política de restringir gastos y terminar con supuestos actos de corrupción, se decidió cancelar el programa de estancias infantiles, existente desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa.
Su propósito es ayudar a madres de familia, casadas o solteras, que dejaba en estos sitios a sus hijos mientras ellas acudían a trabajar, estancias cercanas a sus domicilios, en casas habilitadas y atendidas por señoras capacitadas, donde además de proporcionarles alimentos a los menores se les encauzaba en actividades sociales.
Pero bajo el argumento de que existían actos de corrupción y desvío de recursos, el gobierno federal decidió cancelar la ayuda de casi mil pesos por niño y que una cantidad menor sería mejor entregada a las madres de familia para decidir qué hacer, incluso el presidente de la república y el secretario de Hacienda recomendaron que fueran abuelos, tíos, primos o hermanos quienes cuidaran a los menores y a ellos se les otorgara el dinero de apoyo.
Sin embargo esa no es la mejor solución, entre otras razones, porque existen muchas variables familiares, como el que los abuelos ya no están en condiciones de cuidar a los niños, que las madres no conviven con la demás familia o también los otros hermanos están en la misma situación de no tener con quién dejar a sus hijos.
Con estos ejemplos resulta evidente que las decisiones del gobierno federal no están totalmente meditadas, que no se valoraron y anticiparon las posibles consecuencias por lo que para resolver los problemas se aplican parches que resultan insuficientes para solucionarlos.
Además, en caso de comprobarse casos de corrupción, de desvío de recursos o de asuntos fuera de orden, pues que se proceda legalmente, se levante la denuncia y seguir el proceso para castigar a los responsables y ahí sí, ponerlos como ejemplo de procedimiento sancionatorio para evitar que se repitan nuevos hechos y se vea que va en serio el combate contra el delito.
Nadie discute que López Obrador goza de un amplio respaldo social, pero debe meditar sobre las acciones que tome, consultar con sus colaboradores cercanos y sus asesores para anticipar las probables consecuencias y adoptar las mejores decisiones, de lo contrario empezará a bajar esa simpatía y, entonces, aumentarán las críticas negativas y el deterioro de su imagen y de su gobierno, todo ello de pronóstico reservado.