Ayer se enlistaba la lista de bonos que exigen los maestros michoacanos afiliados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, beneficios que los colocan como empleados públicos no de primera clase, sino quizá hasta de cinco estrellas.
Se resumió que reciben más de 22 bonos o gratificaciones extrasalariales, que llegan a los mil 717 millones de pesos con cargo al erario estatal, cifra que supera a otros presupuestos, como lo ha expresado Adrián López Solís, secretario de Gobierno, quien dijo que esta cantidad equivale a dos veces lo asignado en 2018 a la Secretaria de Obras; a dos veces el presupuesto del DIF, a nueve veces lo destinado a la Junta de Caminos; a 11 veces lo asignado a Secretaría de Desarrollo Económico y a 13 veces a la Secretaria de Turismo.
Pero estos más de 22 bonos y prestaciones no se concedieron de la noche a la mañana, tal como lo ha explicado el actual gobernador Silvano Aureoles, quien detalló que gran cantidad de ellos fueron otorgados durante los mandatos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, entre 2002 y 2012, ambos abanderados en su momento por el Partido de la Revolución Democrática y actualmente integrantes activos del gobierno federal encabezado por Morena.
Pero según Saturnino Pineda, vocero de la sección 18 de la CNTE, de acuerdo con sus estimaciones “son casi 30 mil trabajadores de la educación del sistema estatal que no tienen muchas de las prestaciones y de las demandas”, es decir que no reciben estos beneficios pero entonces ¿dónde se quedan los recursos autorizados por las autoridades estatales?
Probablemente muchas de estas prestaciones estarían justificadas si es que Michoacán estuviera ubicado entre los estados con mejor aprovechamiento escolar, pero lamentablemente junto con Chiapas, Oaxaca, Guerrero y Veracruz, encabezan el ranking de las entidades con mayor rezago educativo.
Y no es un dato reciente. De acuerdo con la Encuesta Nacional de los Hogares 2016, del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en Chiapas y Oaxaca, el 52.1% y 51.8% de la población de 15 años o más no cuenta con educación básica completa, respectivamente, y le siguen Michoacán, con 47.8%; Guerrero, con 46.9%, y Veracruz, con 45.2%.
Entonces, a pesar de todos estos beneficios económicos realmente inmerecidos, no existe en Michoacán un verdadero avance educativo y, sin discusión, este es un grave problema que deben resolver conjuntamente autoridades estatales y federales, donde se debe considerar un mejor destino para los recursos asignados al sector educativo.
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