Inicia crónica de unas elecciones inútiles / Alebrijes en Cuadratines
Adrián Chavarría Espinosa /
El pasado 30 de marzo inició el periodo de campaña para las elecciones programadas para el domingo 1° de junio, donde participarán todos los aspirantes para ser jueces, magistrados y hasta ministros del Poder Judicial, en un presunto, reiterado y fallido argumento de que así se “democratizará” la impartición de justicia en México.
Sin embargo. desde el inicio de todo este proceso inédito en el mundo –a excepción de Bolivia, donde sus resultados han sido pésimos–, tanto las voces críticas como las opositoras han anticipado que estos comicios serán un total fracaso, donde en lugar de beneficiar a la sociedad provocará que el Poder Judicial –que si bien con todo y sus defectos y errores, funcionaba de manera razonable–, ahora operará de forma parcial y con motivos políticos.
De esta forma, desde el pasado domingo comenzaron unas raras campañas proselitistas donde, oficialmente, no pueden involucrarse los partidos políticos, aunque pese a esa limitación resulta evidente que Morena desde el inicio de la conformación de listas de aspirantes en los poderes Ejecutivo y Legislativo, ha apoyado a sus aspirantes preferidos y mayormente marginado a quienes califica de no útiles para sus propósitos.
Para esas campañas los candidatos pueden usar plataformas como Facebook, X, Instagram y otras redes sociales para compartir trayectoria y propuestas, a fin de conectar directamente con el electorado y mantener una comunicación constante. También podrán recurrir distribuir materiales de propaganda impresa que sean biodegradables.
De igual forma podrán asistir a eventos y debates públicos, siempre y cuando sean invitaciones extendidas a todos los participantes de la contienda; crear y fomentar redes de apoyo ciudadano sin involucrar financiamiento externo o violen otras normas de la campaña, además de la movilización de personas que respalden al candidato es una estrategia válida, mientras se mantenga dentro de los márgenes legales establecidos.
En caso contrario, lo prohibido es que los candidatos contraten publicidad en medios de comunicación, tanto tradicionales como digitales y en plataformas online; recibir financiamiento público o privado, ya sean donaciones de individuos, organizaciones, empresas o partidos políticos y usar símbolos patrios o religiosos.
Y aunque no están autorizados los actos de proselitismo fuera del periodo permitido, es decir que los aspirantes no pueden hacer propaganda ni realizar actos públicos de apoyo antes del periodo oficial de inicio de campaña, varios aspirantes en redes sociales como X, Facebook, TikTok, Instagram o WhatsApp han circulan mensajes donde se cruzan acusaciones entre algunos candidatos de estar vinculados con el crimen organizado, otros más de ser del grupo Norma Piña, presidenta de la SCJN, o ser allegados a partidos políticos.
Pero con el propósito de lograr una mayor penetración entre los ciudadanos, estrategas electorales se ofrecen cursos, talleres y consultorías a candidatos para preparar su campaña y aprendan desde a desarrollar su imagen pública en redes sociales, a fin de conectar y mejorar su desempeño ante medios de comunicación, así como oratoria y técnicas para pulir su discurso, para lo cual deben pagar desde cinco mil hasta los 45 mil pesos.
Incluso, el Centro de Capacitación del Nuevo Poder Judicial (CC-NPJ) –operado por excolaboradores de Arturo Zaldívar, expresidente de la SCJN y uno de los principales impulsores de la reforma judicial, quien ha negado toda relación–, ha impartido cursos en línea por seis horas y cobra entre cinco mil y diez mil 500 pesos más impuestos. En su página de internet, nuevo poder judicial.mx, promociona la “nueva edición” del curso titulado “Ejecución de campañas exitosas para personas juzgadoras”, donde se les enseñan estrategias en redes sociales y campaña digital, creación del mensaje y manejo de medios, entre otros cursos.
Pese a todos los preparativos, logística y gasto para organizar todo el proceso electoral, debe reconocerse que los menos interesados en estos preparativos y en acudir a las urnas son los ciudadanos, quienes no han mostrado interés ya sea por no entender la división y función de jueces, magistrados, ministros y sus especialidades –por ejemplo ¿qué función cumplen los tribunales de circuito?–, y lo complicado que resultará votar hasta en once boletas y con diferentes características para elecciones entre los candidatos federales y locales.
Debe recordarse que la presidenta Claudia Sheinbaum ganó con casi 36 millones de votos, para ser la candidata presidencial más votada en la historia reciente en México, en esa elección se tuvo la más baja participación ciudadana en los últimos 18 años, donde apenas participó el 59.6% de la Lista Nominal de Electores, según el Instituto Nacional Electoral (INE).
Y a pesar del optimismo del INE para asegurar que avanzan adecuadamente y a tiempo todos los protocolos se han presentado varias dificultades, como que muchos ciudadanos un han aceptado ser funcionarios de casilla, sin conteo rápido, ni resultados el mismo día.
Ante la anticipada mínima participación, por la gran cantidad de boletas que no serán utilizadas no podrán ser canceladas de inmediato por requerir gran tiempo, aunque esa situación podría ser utilizada para después llenarlas ilegalmente en favor de algún candidato.
En fin, a dos meses de las elecciones judiciales todo presagia que va a ser un gran fracaso, aunque tanto funcionarios como voceros del gobierno federal y de Morena ya se preparan para declarar un “éxito rotundo y total”, pero con negativas consecuencias sociales.