INVERSIÓN EN RIESGO / MAULLIDOS URBANOS
Gato de Barrio
Una nueva Consulta Popular está a punto de frenar una inversión por mil 500 millones de dólares en Mexicali, Baja California, pero, además, se corre el riesgo de un conflicto legal dentro del aún vigente Tratado de Libre Comercio de América del Norte.
Se trata de la consulta realizada el pasado fin de semana para “conocer” si los habitantes de esa ciudad bajacaliforniana aprobaban o rechazaban la construcción de la planta cervecera de Constellation Brands, donde el argumento de quienes están en su contra es que «no quieren que el agua se use para este tipo de industrias».
La cuestionable validez de ese procedimiento es que participaron 36 mil 781 personas, de las cuales ocho mil 547 personas dijeron sí estar de acuerdo, 27 mil 973 ciudadanos optaron por el no y 261 fueron anularon su sufragio; es decir apenas el 3.51% del padrón electoral se manifestó en contra de terminar con la edificación de esta factoría.
Debe puntualizarse que la construcción de esta planta ya se han canalizado 900 millones de dólares para registrar un avance del 70%, es decir casi tres cuartas partes del total y, a diferencia de las consultas realizadas acerca del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México y para para la entrada en operación de la planta termoeléctrica en Huexca, Morelos, es que ahora esta es una inversión totalmente privada,
Es decir que mientras en las obras aeroportuaria y eléctrica es el gobierno quien asume la pérdida por los gastos totales –es decir, nosotros quienes con nuestros impuestos las financiamos‑‑, en el caso de la cervecera el gasto ha sido de parte de inversionistas privados y, por supuesto, no están dispuestos a perder esa millonada de dólares.
Empresarios mexicanos se han solidarizado y advertido que cancelar esta obra provocará desconfianza entre quienes decidan impulsar negocios en nuestro país, lo cual de concretarse perjudicaría nuestra ya de por sí maltrecha situación financiera.
López Obrador se dijo dispuesto a dialogar y llegara a un acuerdo con los empresarios afectados, con eso se evitaría un problema al interior del TLCAN; se puede anticipar que un posible acuerdo sería indemnizar a los inconformes, pero entonces se pagaría con recursos públicos que resultan tan necesarios en otras áreas sociales
Dentro de todo este conflicto resulta necesario reglamentar esas consultas populares, para que en representen un verdadero sentir popular y que no una simple y activista minoría quien eche abajo inversiones y obras de carácter social.