Adrián Chavarría Espinosa /
Tras destaparse el escándalo en el Instituto Nacional Electoral provocado por su expresidenta, Guadalupe Taddei, implicada en los casos de corrupción con José Alfredo Hernández Casillas entre otros –quien fuera su pareja sentimental– y su hermano Raymundo, como contratistas para proporcionar diversos materiales electorales, particularmente impresos, ahora la presidenta Claudia Sheinbaum pretende fortalecer a los Talleres Gráficos de México (TGM).
Reveló que se emitirá un decreto a fin de “fortalecer” a esa empresa para renovar equipos, establecer mecanismos de transparencia en la contratación de materiales electorales, ampliar su estructura de gobierno –hoy es un organismo descentralizado dependiente de la Secretaría de Gobernación–, para que a su Consejo de Administración, integrado por representantes de las secretarías de Hacienda y Anticorrupción, se incluyan a la Auditoría Superior de la Federación, como observadora, y representantes de instituciones académicas como la UNAM, el IPN, la UAM y el Tecnológico de Monterrey.
Sheinbaum aclaró que materiales sin condiciones especiales de seguridad, como urnas y mamparas y existir suficientes fabricantes en el país entonces podrían adquirirse mediante procedimientos abiertos sin intermediarios. Para ello, el INE establecería lineamientos claros de contratación, rangos de precios y mecanismos para adquirir los productos directamente con las empresas fabricantes.
Como de costumbre, en el papel aparentemente todo parece correcto y una excelente solución, pero –no debe omitirse que siempre existe un relevante “pero”, el cual altera todo lo que debería ser correcto–, los dos últimos directores enfrentan diversas impugnaciones algunas de tipo legal. Por cierto ambos funcionarios fueron nombrados en gobiernos morenistas.
Primero, Maribel Aguilera Cháirez –licenciada en Derecho por la Universidad Juárez del Estado de Durango, exdiputada local en Durango de 2007 a 2010, federal de 2018 a 2021, y directora de TGM, de junio de 2022 a agosto de 2025–, a quien la Auditoría Superior de la Federación (ASF) la denunció ante la Fiscalía General de la República por posibles irregularidades por más de 60 millones de pesos.
Sucedió que en 2024 y bajo el argumento de ser “insumos sensibles, estratégicos y confidenciales», por adjudicación directa contrató a la empresa Conix Technologies para adquirir chips encapsulados para automóviles y motocicletas, tarjetas pvc con chip y lectores de tecnología móvil, los cuales en diciembre de 2025 y por órdenes de TGM están almacenados.
Tras revisar el contrato, la ASF determinó que existir evidencia de los cálculos para determinar que 60 millones de pesos realmente se tenían que haber entregado a esa empresa. Por lo tanto, “se determinó un daño al erario». Además, Talleres subcontrató a varias empresas para comprar papel, insumos para impresión y cajas de cartón, destinados a la elección judicial, celebrada el 1° de junio de 2025. Además, otros ocho millones de pesos que habrían sido para pago en sueldos y prestaciones a eventuales, «pero sin una sola comprobación”.
Para los comicios de 2024, Guadalupe Taddei, entonces presidenta del INE, firmó un convenio con Maribel Aguilera para imprimir la documentación del proceso federal, entre ella más de 300 millones de boletas para la elección presidencial, senado y diputados, incluso recomendó a los OPLE que privilegiaran a TGM para imprimir sus materiales electorales.
Finalmente, Talleres Gráficos firmó un convenio de 580 millones de pesos con el INE y con trece órganos electorales estatales por más de 600 millones de pesos, por lo cual sus capacidades quedarían rebasadas, incluso consejeros electorales alertaron en ese momento el peligro de no cumplirse a tiempo con la entrega de boletas y el resto de materiales.
Sin aclararse estas irregularidades, el 1 de octubre de 2025 Sheinbaum designó a Arturo Manuel Chávez López –profesor de tiempo completo en la UNAM y extitular de la Unidad de Políticas Transversales en la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación–, como nuevo titular de TGM, cargo al cual renunció para competir por una consejería electoral en el INE, donde hoy día se desempeña.
Pero también debe agregarse que Chávez es exdirigente de Morena en Tlalpan y fungió como asesor de la entonces alcaldesa y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum, pero además fue severamente criticado no solo por esa relación, sino también por su defensa a su puntaje de 99, de los más altos en los exámenes de conocimientos para llegar a ser consejero del INE.
Se le critica precisamente porque sin tener alguna experiencia en materia electoral, tuvo tan alto resultado. En su defensa argumentó que ese puntaje fue gracias a su formación académica, a su disciplina en el estudio y a lo que llamó como su consistente trayectoria académica. Rechazó los cuestionamientos sobre su cercanía con Sheinbaum y aunque se comprometió que, en caso de ser designado consejero, actuaría con imparcialidad, en los hechos no se le ha visto cumplir totalmente con ese compromiso.
Incluso, ya como consejero electoral Chávez López y tras la renuncia de Taddei, admitió que TGM registró irregularidades. Señaló, entre otras cosas, que llegó a ese organismo con la convicción de frenar la corrupción. Dijo: “No sé qué se haya desarrollado en los siguientes seis meses, después de que me fui, pero en su momento sí hicimos las denuncias pertinentes contra algunas empresas que están ya publicadas en la Auditoría de la Federación”.
Ahora, más allá de las dudas que provocan los exdirectores de TGM, la propuesta presidencial no genera muchas expectativas positivas por múltiples razones. Una de ellas es que pese a de ganar licitaciones ha recurrido a subcontrataciones para cumplir con lo acordado.
Por ejemplo, el periódico El Universal informó que de 2017 a 2021 Talleres Gráficos de México otorgó 32 contratos a compañías investigadas por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por posible simulación de competencia. Según la plataforma Compras MX, esos acuerdos suman más de 278 millones de pesos, donde entre las beneficiaras estaban Cajas Graf, Corporativo Zeg y Formas Finas y Materiales. La primera empresa concentró la mayor parte, al ganar contratos por más de 198 millones de pesos.
Especialistas cuestionan la propuesta presidencial para “fortalecer” a TGM. Eduardo Bohórquez, director ejecutivo de Transparencia Mexicana, anticipó que el reto no está en el planteamiento, sino en la ejecución. «Han sido muchas las propuestas (que se han hecho) para gestionar de manera ejemplar (a) las empresas públicas y en la práctica pueden terminar siendo barriles sin fondo que termina subsidiando al contribuyente».
Propuso que para convertir a Talleres Gráficos de México en una compañía ejemplar del Estado mexicano, debe haber una consulta social, con expertos y un diseño institucional, de otra forma, puntualizó, Recordó anteriores fracasos del gobierno federal para respaldar empresas que han resultado ineficientes, como Litio Mx, la Megafarmacia del Bienestar y Mexicana de Aviación.
Entonces, antes de emitirse el decreto para “respaldar” las funciones de TGM se deben realizar estudios técnicos que avalen la operatividad de los pretendidos nuevos apoyos, de lo contrario se volverá a canalizar más dinero –del que ya no se cuenta con el suficiente para cubrir tanto los gastos corrientes como los apoyos en programas sociales– a programas y acciones ineficientes que no generan un verdadero beneficio social.
