Adrián Chavarría Espinosa /
Ante la solicitud de la empresa TV Azteca, presentada el pasado 10 de marzo, para iniciar un proceso de conciliación que le permita reestructurar sus deudas, Tessy del Rocío Covarrubias Torres, Jueza Primera de Distrito en Materia de Concursos Mercantiles y con base en la resolución del 6 de julio, declaró a esa empresa en estado de concurso mercantil. Es decir, con este falló las autoridades judiciales decretaron abierta la etapa de conciliación del proceso.
Dentro de los motivos expuestos por la televisora, propiedad de Ricardo Salina Pliego, para justificar sus problemas financieros argumentó una “presión fiscal inminente”, debido a deudas determinadas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT) por concepto de Impuesto Sobre la Renta de los años 2009 y 2013, cuyos recargos y riesgo de congelamiento de cuentas la obligaron a buscar financiamientos urgentes que elevaron sus pasivos. Además, se sumó el impago de bonos emitidos en Estados Unidos en 2017 vencidos en agosto de 2024.
También se estableció que, “los fondos tenedores de esos bonos escalaron el conflicto a nivel político-institucional, involucrando al gobierno mexicano en un arbitraje internacional y generando presión pública que deterioró el entorno crediticio y reputacional de la empresa”.
Por lo anterior, los acreedores internacionales de TV Azteca la acusaron de implementar un esquema de ocultamiento de activos y de haber obtenido un préstamo fraudulento justo semanas antes de que la empresa solicitara la protección de la justicia mexicana mediante un concurso mercantil, con el objetivo de presuntamente evadir el pago de una deuda millonaria.
Debe agregarse que la empresa sumó a su impacto negativo la crisis sanitaria de 2020 y la reducción del 36% en términos reales del gasto publicitario del gobierno federal entre 2019 y 2024, en un entorno macroeconómico donde la economía nacional apenas creció en promedio solo 0.77% anual entre 2018 y 2025 y con una inflación acumulada del 38.8%.
Por todo lo anterior, mediante un comunicado publicado en las cuentas oficiales de Grupo Salinas, TV Azteca informó que la entrada a concurso mercantil se da “en seguimiento a la estrategia de reorganización corporativa, operativa y financiera” de la empresa, lo cual le permitirá “avanzar en la reorganización ordenada de sus pasivos, preservando la continuidad de sus operaciones y fortaleciendo su posición financiera de largo plazo”.
De acuerdo con el dictamen de la jueza Covarrubias Torres se estableció que la firma incurrió en un incumplimiento generalizado de sus obligaciones de pago, por lo que con esta sentencia inicia formalmente la etapa de conciliación de seis meses o 185 días naturales, lapso durante el cual se buscará un acuerdo entre la empresa y sus acreedores para evitar la quiebra, periodo que podría ampliarse a un año para resolver el reclamo de deudores norteamericanos por un total de 580 millones de dólares, es decir 23 mil millones de pesos.
Con esta resolución se suspende el pago de las deudas contraídas antes de la sentencia, salvo los desembolsos indispensables para mantener la operación ordinaria de la empresa. Incluso, TV Azteca podrá seguir operando pero deberá permitir la supervisión del conciliador, además de continuar cumpliendo con obligaciones indispensables como el pago de salarios, contribuciones fiscales y cuotas de seguridad social.
Este proceso resulta ser una medida in extremis para que la firma reestructure sus pasivos y negocie con sus acreedores a fin de esquivar la bancarrota. En caso de que en este periodo no exista conciliación y la regularización de sus finanzas, entonces se procederá a la etapa de quiebra y liquidación de sus activos, lo cual ni remotamente sucederá.
Entonces, ¿cuál será el futuro de TV Azteca? Entre los aspectos que deben analizarse destaca que con la solicitud de concurso mercantil, Salinas Pliego busca victimizarse, es decir presentarse como un perseguido de las autoridades federales ya que tras varios litigios legales que perdió, acordó cubrir sus deudas fiscales por un total de 32 mil 133 millones de pesos, a través de un pago inicial de diez mil 400 millones y el resto, mediante “18 pagos chiquitos”.
Pero el también dueño de otras empresas como Banco Azteca, Tiendas Elektra, Italika y Totalplay, es considerado como el quinto hombre más rico de México, con una fortuna valuada en más de ocho mil millones de dólares, por lo cual sus deudas con el fisco y con acreedores norteamericanos no deberían ser un gran problema personal y podría resolverlos rápidamente.
Sin embargo, con más de 2.2 millones de seguidores en redes sociales –donde se identifica como “Tío Richie”–, donde ha emitido severas críticas al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, al grado de ser catalogado desde Palacio Nacional como de ultraderecha, además es considerado como probable candidato presidencial para el 2030, ya sea respaldado por un partido, como el PAN, o postularse como posible aspirante independiente.
Pero es más probable que Salinas Pliego prefiera mantenerse como empresario sin invadir la política, ya que desde ese terreno podrá mantenerse como un observador crítico independiente, para marcar sus puntos de vista sin depender o rendir cuentas a otros. Tal como sucedió con el empresario Carlos Slim quien, al permanecer al margen de situaciones políticas, continúa como persona con opiniones independientes y, en su caso, sin romper con el gobierno.
En fin, el Tío Richie continuará como una piedra en el zapato del gobierno federal, a menos de que se le intente acallar por otros medios sean legales y correctos o no.
