Gato de Barrio /
Dice el refrán: «El camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones». Pues se podría aplicar totalmente a las consecuencias de lo sucedido desde la madrugada del pasado viernes, cuando bajo la coordinación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) y con la participación de autoridades municipales, estatales y federales, se implementó el operativo “Caudal” con el propósito de terminar con la ilegal explotación del agua en la entidad.
Aunque las autoridades mexiquenses habían anticipado que no habría afectaciones para los habitantes y, además, existía la infraestructura para atender cualquier situación o demanda ciudadana, la realidad fue mucho muy diferente. Sucede que desde las seis de la mañana de este lunes se registraron bloqueos viales en carreteras, autopistas y calzadas no solo mexiquenses, incluso de la Ciudad de México, aunque con algunas aperturas intermitentes.
Las protestas fueron encabezadas por piperos –personas encargadas de distribuir el líquido a industrias, purificadoras de agua, negocios de todos tamaños con sus unidades, quienes alegan que su trabajo es totalmente legal–, pero después se sumaron colonos de diversas zonas quienes se quedaron sin agua para sus necesidades cotidianas. Sin importar quien fuera el responsable se vivió un gran caos vial entre ambas entidades.
Las principales vialidades afectadas fueron las autopistas y carreteras federales que conectan la Ciudad de México con Toluca, Naucalpan, Puebla, Pachuca y Querétaro, las avenidas Central y José López Portillo, además de otras capitalinas como Eje Lázaro Cárdenas, Ermita Iztapalapa y Progreso Nacional. Fue hasta ya muy entrada la tarde se liberaron.
Entonces vale la pena considerar que tan improvisada fue la aplicación del operativo “Caudal”, ya que acuerdo con la información oficial se intervinieron un total de 200 puntos ilegales de extracción de agua en 48 municipios, donde se vendía y distribuía el líquido de forma irregular mediante pozos o redes clandestinas, asegurándose al menos 51 pozos, 138 tomas clandestinas, 189 inmuebles además de 322 pipas.
No es la primera vez que en la ejecución de un operativo impulsado por la FGJEM se generan inconformidades por fallas en su aplicación. Recuérdese que con el “Atarraya”, para terminar con presuntas estructuras financieras de grupos delictivos, fueron afectados pequeños negocios, barberías y estéticas, por la presunción de ser centros de narcomenudeo. Incluso, varios tardaron semanas en poder reabrir, perjudicando económicamente a sus propietarios.
Ahora, aparentemente ya hubo acuerdos entre autoridades e inconformes, por lo cual no deberán repetirse estas protestas en vialidades y carreteras, además de que se regularice el servicio de distribución de agua. Esperemos que así suceda.
Un recordatorio para los habitantes de la capital: este miércoles está programado un paro y posibles bloqueos de transportistas quienes exigen aumento de tarifas, por lo que podría suscitarse otro día de caos vial y de traslado de personas. Por lo tanto, deberán prepararse.
