Adrián Chavarría Espinosa /
Al rendir su informe preliminar sobre el proceso para elegir a los miembros del Poder Judicial en México, la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) expresó su firme recomendación de no replicar este tipo de elección en otros países, tanto por la baja tasa de participación, así como por la posibilidad de que los jueces elegidos carezcan de una verdadera “autonomía e independencia”.
Heraldo Muñoz Valenzuela, excanciller de Chile, encabezó la misión oficial integrada por 16 personas de diez diversas nacionalidades, quienes actuaron como observadores electorales en la Ciudad de México y Estado de México y, para ello, se reunieron con más de 75 actores institucionales, como autoridades del Instituto Nacional Electoral, de los poderes Judicial, Ejecutivo y Legislativo, además de representantes de la sociedad civil y diversos candidatos.
En el informe además de establecer que el proceso electoral desarrollado en México resultó ser “sumamente complejo y polarizante” y se evidencia la necesidad de “múltiples oportunidades de mejora”, destacándose su “preocupación por el bajo nivel de participación”.
Se puntualiza que de acuerdo con los datos disponibles al prepararse el informe, la participación ciudadana fue de aproximadamente 13.1%, para ser uno de los niveles más bajos de participación en la región para un proceso electoral e, igualmente, puntualizó que “se registró un alto porcentaje de votos nulos y no marcados”.
Entre sus argumentaciones destacó la participación ciudadana del 1 de junio con las elecciones del 2024, donde votó 60.9% de los ciudadanos: “La Misión considera necesaria una reflexión integral respecto a la naturaleza de este proceso y la forma en que ha sido llevado adelante, a la luz de que más del 85% del electorado no ha mostrado interés en participar”.
Señalaron que la elección se realizó “en un plazo muy breve y en un contexto político complejo, caracterizado por una fuerte polarización y un alto nivel de litigiosidad”, es más que a los candidatos con más votos tuvieron apoyó, donde “las nueve candidaturas con mayor cantidad de votos a la Suprema Corte fueron promovidas en ‘acordeones’ físicos y virtuales”
Además, se comprobó que “seis de los nueve ministros (as) fueron postulados por el comité del Poder Ejecutivo y las tres restantes son integrantes de la corte actual nombradas por el expresidente, lo cual levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto al Ejecutivo”, aunque no se menciona la existencia de fraude y de posible vinculación del crimen organizado.
Se establece que el Derecho Internacional no fija ningún procedimiento específico de selección de jueces y juezas, pero los instrumentos internacionales sí definen estándares, principios y buenas prácticas que deben seguirse en esta materia, aunque la elección judicial en México “no hay garantías de que quienes resulten electos/as tengan la solvencia técnica, la idoneidad y las capacidades específicas que los cargos que asumirán requieren.
Por lo anterior es “preocupante a la luz de los estándares internacionales y las buenas prácticas en la materia”. En este sentido, la Misión recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos estableció que cualquier mecanismo para la elección de jueces y juezas, debe garantizar que sean evaluados en condiciones de idoneidad y méritos para el cargo.
También la MOE/OEA expuso otras observaciones sobre el desarrollo de la jornada como el que “cada elector demoró entre 10 y 20 minutos para sufragar”, y en algunos casos, “personas adultas mayores se demoraron hasta una hora”; el INE optó por no realizar el conteo de votos en casillas, como tradicionalmente ocurre, sino enviar directamente las boletas a los Consejos Distritales; tampoco implementó el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), un cambio significativo en el modelo habitual.
También advirtió que este modelo incentiva que las decisiones judiciales sean con fines electorales y no con criterios técnicos, al permitir la reelección y establecer mandatos de nueve años para jueces de distrito y magistrados de circuito. Puntualizó: “La falta de estabilidad en el cargo podría afectar el accionar independiente de los operadores de justicia y que la necesidad de reelegirse podría llevar a los jueces y juezas a fallar de acuerdo con lo que estiman que son las preferencias de su electorado y no con base en criterios jurídicos”.
Sobre la integración de la nueva Suprema Corte de Justicia, la MOE/OEA advirtió que seis de las nueve personas ministros fueron propuestos por el Ejecutivo federal, y las otras tres ya integraban la Corte y fueron nombradas por el expresidente. “Lo cual levanta dudas razonables sobre la autonomía e independencia del máximo tribunal con respecto al Ejecutivo”.
Para las próximas elecciones judiciales, para 2027, la OEA advirtió que podrían coincidir con los comicios en todo el país y, de no modificarse el calendario electoral, aumentaría el riesgo de influencias partidistas. Ahora el informe final será sometido a la aprobación del Consejo Permanente de la OEA.
Fue el pasado sábado tanto la presidenta Claudia Sheinbaum como la Secretaría de Relaciones Exteriores quienes reaccionaron y respondieron para descalificar las observaciones de la OEA al afirmar que no está dentro de sus funciones emitir recomendaciones de cómo un país debe decidir su Poder Judicial.
Según la mandataria que “la OEA opine cómo se desarrolló la elección, pero que se guarde, porque no está en sus estatutos lo que significa la profunda reforma del Poder Judicial en nuestro país», dijo y recalcó, según ella que entre los estatutos de este organismo, está que no puede opinar sobre la soberanía que han decidido las naciones, “y México de manera soberana decidió cómo quiere que sea su sistema de justicia.
Digan lo que digan las autoridades, los hechos reiteran que de ninguna forma el pueblo solicitó la reforma judicial, así como tampoco la avaló en las urnas al no acudir a votar por las grandes listas de desconocidos aspirantes a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial, la gran mayoría de ellos propuestos desde el poder federal y de la dirigencia de Morena.
