Gato de Barrio /
La polémica por la reforma judicial promovida por el presidente Andrés Manuel López Obrador crece y cada vez se polarizan más las posturas, ya que mientras trabajadores del Poder Judicial Federal iniciaron este lunes un paro de labores a nivel nacional, para expresar su rechazo a la iniciativa que pretende que jueces, magistrados y ministros sean electos mediante el voto popular, el presidente contraataca y hasta los acusa de ser paleros.
Duranta la conferencia mañanera, el mandatario dijo que los trabajadores que tomaron instalaciones del Consejo de la Judicatura Federal en la Ciudad de México están en su derecho de manifestarse, pero insistió en que su reforma no les afectará a ellos: “Al contrario –dijo–, se les beneficia” y reiteró que su gobierno no está en su contra, sino en contra de la “corrupción y privilegios” existentes en el Poder Judicial y del que están enterados los trabajadores.
Mientras el Sindicato Nacional de Renovación al Servicio de los Trabajadores del Poder Judicial expresó su respaldo al paro y al cierre de instalaciones, en tanto la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito inició una votación para definir si el paro se extiende a todo el país indefinidamente a partir del miércoles 21 de agosto, proceso que se verificara de manera electrónica y donde participarán cerca de mil 700 jueces y magistrados.
Pero también la opinión pública interviene en esta polémica. En una encuesta publicada por el periódico El Financiero, se establece que el apoyo ciudadano a la propuesta ha bajado en semanas recientes, a cifras de 42% y 44% en julio y en agosto, comparado con las mayorías de apoyo de 59% y 64% existentes en junio y enero pasados.
Según la investigación, en agosto 45% de las personas respondieron estar a favor de la reforma judicial y 24% en contra, con 31% restante sin una postura definida. Además. vale decir que mientras 43% de los encuestados se dijo estar muy o algo informada, el 53% admitió estar poco o nada informada sobre esta reforma.
A pesar de que tanto el presidente en funciones como la electa aseguran que la reforma judicial es un mandato ciudadano, respaldado por los resultados electorales del pasado 2 de junio, la realidad es que no existe un consenso favorable para aprobar esta propuesta.
Pero existe un detalle aún: para concretar la reforma se requiere que Morena y sus aliados logren la sobrerrepresentación legislativa en la Cámara de Diputados, discusión que falta por resolver tanto por el Instituto Nacional Electoral como por el Tribunal Federal Electoral, cuya decisión resultará trascendental para el futuro de México.
