Gato de Barrio
Las semanas anteriores fueron las marchas y manifestaciones por los desaparecidos de Ayotzinapa, por el 2 de octubre, de las mujeres por el derecho a decidir sobre su cuerpo, la cuales se vieron afectadas por los actos violentos de los autodenominados anarquistas, y ahora correspondió a los taxistas protestar para demandar la desaparición de los servicios de transporte contratados por aplicaciones tecnológicas como Uber, Didi y Cabifay.
Si bien en esta última ocasión no hicieron acto de presencia los violentos, los bloqueos registrados tanto en las entradas carreteras a la Ciudad de México como en diversas importantes vialidades capitalinas, generaron un caos urbano como pocas veces se ha visto y vivido en el Valle de México.
Si bien para muchos ni el servicio de taxis tradicional, con las unidades concesionadas, con la cromática oficial y medición del servicio mediante taxímetro, como tampoco el ofrecido mediante vía internet, con unidades presuntamente en mejores condiciones y cobro con tarjeta de crédito, resultan ser de los más confiable y si se usan es sencillamente por necesidad de trasladarse de un punto a otro para cumplir con compromisos laborales, sociales o escolares.
Más allá de cual servicio resulte más recomendable, lo ideal sería que las autoridades asumieran su responsabilidad para evitar estas afectaciones, las cuales fueron anticipadas desde días antes por los taxistas inconformes, pero bajo la política actual de no caer en supuestas acciones represivas, las agrupaciones policiacas no se usan para imponer el orden y que no resultaran afectaran las actividades cotidianas de miles de personas.
¿Qué es peor, deñar mobiliario urbano, romper aparadores de tiendas, vandalizar muros, agredir a las personas que tiene la mala suerte de atravesarse en su camino, o impedir la libre circulación no solo de automóviles, también de unidades de transporte colectivo, generando todo un caos urbano?
La verdad es que ninguna de las dos opciones resulta aceptable pero lo deseable, insisto, es que las autoridades intervinieran para que no se registren estas situaciones y, en caso de suceder, detener a los autores intelectuales y materiales para presentarlos ante la autoridad y se aplique lo establecido por la ley para sancionar estas acciones ilegales.
Las personas, hayan votado o no por las autoridades vigentes, todas esperan que ellas cumplan con sus funciones y en realidad sean útiles para la sociedad, a fin de resolverle sus problemas y no intenten justificar su incapacidad en versiones difíciles de comprender.
