Reitera su respaldo a la movilización del Colectivo Abracemos el Parque La Pila, del que es integrante la activista Diana Bobadilla. 

SE PRONUNCIA LA CODHEM CONTRA TODO ACTO DE LAS AUTORIDADES QUE LIMITE, INTIMIDE Y CRIMINALICE LA PROTESTA PÚBLICA

 

Toluca, Estado de México, 24 de agosto de 2020.- La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México (Codhem) se pronunció en contra de cualquier acto de las autoridades que busque limitar, intimidar, criminalizar o coartar la protesta pública, o vulnerar los derechos y libertades derivados de la expresión, pensamiento y conciencia de las personas; al tiempo que reitera su respaldo a la movilización legítima que fue impulsada por el Colectivo Abracemos el Parque La Pila, del cual forma parte la activista Diana Bobadilla.

El documento signado por el presidente de la Codhem, Jorge Olvera García, reconoce y saluda la plena disposición de la presidenta municipal de Metepec para revocar el comodato del 11 de octubre de 2019 establecido en el Acuerdo 302/2019, y la aprobación del cambio de uso de suelo y destinar una hectárea del Parque La Pila, para la instalación de una base de la Guardia Nacional.

Al referir que la libertad de expresión es uno de los signos inequívocos de la persona humana y una de las exigencias más sentidas en toda sociedad y en toda época, el organismo defensor puntualiza que debe ser uno de los derechos fundamentales de más amplia protección, porque contribuye a la formación de opinión pública y conlleva a manifestar las ideas en cualquier ámbito de la vida; y, por tanto, el Estado debe fijar las bases y condiciones para su libre ejercicio.

Agrega que los derechos a la libertad de asociación y de reunión pacífica son fundamentales para crear escenarios y oportunidades que motiven la participación de la sociedad civil, activistas, personas defensoras de derechos humanos y la población en general, en la toma de decisiones y el ejercicio de la administración pública.

El libre ejercicio de estos derechos por parte de la ciudadanía permite a las personas estar informadas, contribuyen a la actuación transparente, la rendición de cuentas y la garantía de derechos sustantivos, siendo también un indicador para que los gobiernos midan y ajusten sus políticas y decisiones, detalla la Codhem.

El pronunciamiento destaca que “el ejercicio del derecho a participar en manifestaciones públicas y pacíficas, las disposiciones normativas no debe ser pretexto para prohibir o disminuir la capacidad ciudadana de expresar disenso y críticas, ni deben inhibir o intimidar a las minorías, activistas, colectivos o integrantes de grupos vulnerables que recurren a tales medios legales y pacíficos.”

Asimismo, se precisa que las personas manifestantes deben ejercer su derecho sin temor a sufrir persecuciones, amenazas, violencia física o represión por parte de los agentes de Estado, y advierte que bajo ninguna circunstancia, la intervención de las fuerzas públicas policiales, federales, estatales o municipales, debe desalentar el derecho de reunión pública, sino resguardarlo, ya que solo es admisible la disolución de una manifestación como protección de las personas.

Por su parte, las autoridades encargadas de la procuración y administración de justicia, deben considerar que ninguna persona, activista o integrante de los colectivos puede ser criminalizada o penalizada por ejercer sus derechos a la libertad de reunión pacífica, de asociación y de manifestación pública; por ello, todo procedimiento o proceso por esa situación debe analizarse sin sesgos ni prejuicios respecto de la protesta social y abstenerse de sancionarla por externar las opiniones colectivas contra decisiones de la autoridad.

La Codhem insta al edificio gubernamental estatal para implementar medidas y acciones para erradicar cualquier supuesto de criminalización y uso indebido del derecho penal en agravio de personas defensoras de derechos humanos, activistas e integrantes de colectivos; y exhorta a la autoridad jurisdiccional, a la institución procuradora de justicia estatal y administraciones municipales a promover el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión, de reunión o asociación y de protesta pacífica, al ser un basamento de la gobernanza democrática y las sociedades abiertas.

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