Gato de Barrio /

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En estas semanas se han registrado bloqueos viales en varias ciudades y carreteras del país, donde los manifestantes exigen a las autoridades den a conocer dónde se encuentran miles de hijos, hijas, madres, padres, hermanos, en fin todo tipo de familiares desaparecidos desde hace muchos años, así como de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) quienes demandan mejores condiciones laborales y salariales así como la entrega de medicinas.

En el primer caso se encuentran grupos de buscadores, particularmente madres de familia, quienes ante la falta de respaldo, ayuda y comprensión de gran parte de autoridades estatales y federales para apoyarlas en sus labores de campo, primero, localizar cuerpos y después, para identificarlos y así poderles dar un entierro digno,

En el caso del Estado de México hubo un bloqueo en la carretera México-Toluca, a la altura del municipio de Lerma, que se prolongó por aproximadamente 36 horas, primero en ambos sentidos y por casi 24 horas en el que va a la capital mexiquense. Su demanda era que acudiera José Luis Cervantes, fiscal General de Justicia estatal, para revisar los casos que desde hace tiempo presuntamente investiga, aunque sin existir resultados concretos.

Por supuesto hubo afectaciones en el tránsito de personas y mercancías, donde muchos molestos intentaron agredir a los manifestantes. Pregunto: ¿no se hubieran evitado situaciones de inconformidad y violencia si el fiscal hubiera acudido al sitio del bloqueo para invitar a los inconformes a una reunión en sus oficinas?

Claro, eso resultaba ser lo más recomendable para que se realizara el diálogo, pero parece que para Cervantes fue excesiva la petición. Ante ello y para evitar más problemas, los manifestantes acudieron a la fiscalía mexiquense donde se acordó, además dar seguimiento a casos de desaparecidos, se comprometieron a reuniones periódicas, a revisar las carpetas de investigación, a sancionar a malos funcionarios y a la creación de la nueva unidad de litigación para seguir los casos. Habrá de esperar el cumplimiento de todos esos compromisos.

Respecto a los trabajadores del Seguro Social quienes, además de mejores salarios demandan se les proporcionen los implementos médicos necesarios y adecuados para atender debidamente a los pacientes, también solicitan el eficiente y total surtimiento de las medicinas requeridas para el tratamiento de los enfermos.

En el caso del incremento salarial, la dirigencia sindical y directiva del IMSS inicialmente había acordado fuera del 6.8%, donde 2.9% correspondía al sueldo y 3,9% a prestaciones. Ante el rechazo de la base en una nueva negociación se elevó la cifra a 8%, donde 4% era para el salario y el otro 4% en prestaciones, lo cual tampoco ha sido aceptado, ya que los trabajadores insisten en un aumento directo del 10% a sus ingresos.

Para reforzar su oferta el IMSS argumentó que este incremento es el más alto logrado en los últimos 20 años y agregó que mejora en 1.2% al primer ofrecimiento. Además, ofreció la realización de 31 mil 700 cirugías adicionales para reducir el rezago médico y mejorar la atención a los derechohabientes, así como la asignación de diez mil 939 plazas definitivas para “empujar la estabilidad laboral de miles de personas”.

Sin embargo, lo de las plazas laborales era un compromiso establecido desde el 2020, cuando en la pandemia de covid-19 se calificó a todos los trabajadores del sector salud –no solo médicos y enfermeras– como héroes por su sacrificado desempeño laboral. Así que este es un añejo compromiso que se ha mantenido sin cumplir desde hace más de cinco años.

Y contrario de otros sindicatos, como la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, cuando han realizado sus movimientos de “huelga” suspenden sus actividades magisteriales por semanas, es decir abandonan a sus alumnos, y al concluir sus paros exigen el pago completo de sus sueldos, en el caso de los trabajadores del IMSS no han suspendido sus actividades y han mantenido la total atención de pacientes en consultas y hospitalizaciones.

Es más, a los maestros –disidentes o no–, este año se les otorgó un aumento salarial del 9% retroactivo al 1 de enero, que incluye 4% directo al sueldo y 5% en prestaciones. Además. desde septiembre hubo otro incremento salarial de 1%, es decir en total se les concedió un 5%. Con ello, el salario promedio del magisterio se ubica en alrededor de 20 mil 351 pesos al mes con variaciones según horas, zona económica e incentivos.

En comparación, en el IMSS mensualmente las enfermeras ganan entre siete mil 381 pesos y diez mil 242 pesos; los médicos de nueve mil 751 pesos a los doce mil 844 pesos; los cirujanos y especialistas doce mil 844 pesos base, más compensaciones y bonos. En tanto, médicos residentes (R1 a R8), su sueldo global cercano va de los seis mil 259 pesos hasta los siete mil 976 en percepciones base directas, así como becas e incentivos institucionales.

No es por demeritar a os profesores que en verdad trabajan por vocación y se sacrifican por ofrecer la mejor enseñanza a sus alumnos, pero también el personal médico y sus auxiliares deberían de recibir salarios más adecuados a su preparación y responsabilidad social.

Por todo lo anterior las manifestaciones y bloqueos viales por mayores salarios y mejores condiciones laborales, están totalmente justificadas, aunque desde Palacio Nacional se resistan a reconocer y se minimizan las demandas de los trabajadores del Seguro Social.